DECLARACIONES ADOPTADAS
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU
DECIMOTERCERA REUNIÓN
Los Representantes de los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República de Cuba, de la República del Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de la República del Perú, de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en Montevideo el 18 de octubre de 2004, hemos analizado los trascendentales cambios políticos, culturales, económico-comerciales y sociales ocurridos en el escenario internacional desde la firma del Tratado de Montevideo en 1980.
Estas transformaciones exigen de los países latinoamericanos la profundización de su compromiso con el proceso de integración, que constituye una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y un instrumento político-estratégico prioritario para fortalecer nuestras economías y capacidades competitivas.
Hemos constatado, con renovado optimismo, el resurgir de la voluntad política integracionista en toda la región. Este coincide con un momento de reactivación de la economía mundial que puede ser mejor aprovechado por nuestros países si estamos integrados y así participar en los procesos de apertura comercial hemisférica y mundial para enfrentar los desafíos y riesgos de la globalización y aprovechar sus ventajas.
Para alcanzar la conformación de un Mercado Común con base en los diferentes acuerdos de alcance parcial y esquemas subregionales existentes, será indispensable no sólo la libre circulación de bienes y servicios, sino también la libre movilidad de personas y capitales, la coordinación de las políticas macroeconómicas, el establecimiento de políticas y disciplinas comerciales comunes o compatibles, la integración productiva, el desarrollo de la integración física y las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Asimismo, coincidimos en que las dimensiones social y cultural deben formar parte del proceso de integración y ser tratados como materias complementarias en la aplicación de las Bases del Programa para la Conformación Progresiva de un Espacio de Libre Comercio en ALADI.
Resaltamos con satisfacción que el proceso de recuperación y consolidación de la democracia en la región ha coadyuvado a avanzar en la construcción de una verdadera zona de paz, en un espacio de valores, tradiciones y futuro compartido. Asimismo, constatamos que bajo el principio del regionalismo abierto, hemos logrado avances significativos en la integración económica al amparo del Tratado que nos une.
Por tanto, consecuentes con estas realidades y propósitos:
RATIFICAMOS nuestro ineludible compromiso político y firme voluntad integracionista, para alcanzar los objetivos del Tratado de Montevideo 1980.
REAFIRMAMOS especialmente en esta nueva etapa del proceso, la importancia política y económica de la ALADI como el principal marco institucional de la integración regional y foro de reflexión y consulta.
DESTACAMOS el rol articulador de la ALADI con relación a los acuerdos de complementación económica y de libre comercio que se celebran al amparo del Tratado de Montevideo 1980.
APRECIAMOS en este sentido que la reciente suscripción de los acuerdos de libre comercio entre los Estados Partes del MERCOSUR y los países miembros de la Comunidad Andina, junto con los de México, Chile y Cuba, contribuirá a crear las condiciones para contar con una amplia base comercial que coadyuvará al fortalecimiento de las economías de los países miembros.
COINCIDIMOS en que la aplicación de las "Bases de un Programa para la Conformación Progresiva de un espacio de libre comercio en la ALADI en la perspectiva de alcanzar el objetivo previsto en el Tratado de Montevideo 1980", aprobadas por este Consejo, constituirá un paso fundamental para la integración regional.
CONFIRMAMOS la importancia de profundizar la aplicación del sistema previsto en el Tratado de Montevideo 1980 para mejorar la participación de los países de menor desarrollo económico relativo en el proceso de integración regional, y del diseño e implementación de mecanismos eficaces de compensación para superar los efectos negativos que incidan en el comercio intrarregional de los países de menor desarrollo relativo mediterráneos.
RECONOCEMOS la relevancia que reviste para el proceso de integración la adecuada consideración de los tratamientos diferenciales, como uno de los principios fundamentales del Tratado de Montevideo 1980, para atenuar los efectos de las asimetrías existentes.
SUBRAYAMOS que el creciente dinamismo de las regiones al interior de los países y la necesidad de abordar el tratamiento de sus asimetrías constituyen elementos relevantes para el desarrollo armónico y equilibrado que procura la integración.
RESALTAMOS la necesidad de impulsar la cooperación transfronteriza como un instrumento para fortalecer la integración regional.
PONEMOS DE RELIEVE la necesidad de promover una mayor participación e incorporación de los diversos sectores de la sociedad en el proceso de integración regional, apoyando las iniciativas que contribuyan a un diálogo amplio y plural con los mismos.
SEÑALAMOS la conveniencia de coordinar los trabajos de la ALADI con los demás organismos regionales de integración para lograr sinergias y evitar duplicidades, así como reforzar su vinculación con el Grupo de Río.
REITERAMOS la trascendencia del fortalecimiento de la integración como forma de enfrentar la pobreza y consolidar la gobernabilidad democrática.
INSISTIMOS en nuestro rechazo a todas las medidas económico-comerciales coercitivas de carácter unilateral y extraterritorial incompatibles con el Derecho Internacional Público y Privado y la Carta de la ONU, incluyendo las medidas adicionales que refuerzan y amplían su alcance. Su aplicación obstaculiza el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, limita su acceso al comercio y entorpece su inserción en el proceso de integración regional.
ENFATIZAMOS el compromiso de los países miembros con el fortalecimiento del sistema multilateral de comercio y con la Ronda de Doha, centrada en el tema del desarrollo.
AFIRMAMOS que el éxito de Doha, así como el de toda otra negociación comercial internacional, dependerá de que se alcancen acuerdos que confieran mayor transparencia y equidad al comercio internacional, incluyendo el tratamiento especial y diferenciado de los países en desarrollo, la eliminación de los subsidios y las distorsiones al comercio agrícola.
RECONOCEMOS la importancia de buscar formas para revigorizar y adaptar los mecanismos del Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos, para que retome su carácter de instrumento de facilitación real del comercio en la región y de complementarlo mediante el desarrollo de un sistema regional de garantías comerciales.
EXHORTAMOS a los organismos financieros internacionales a apoyar el establecimiento de mecanismos flexibles e innovadores para la implementación de políticas que impulsen el crecimiento económico sostenido, la atención de las demandas sociales insatisfechas y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática. Dichos mecanismos deberán favorecer la disponibilidad de recursos públicos y privados para las inversiones en infraestructura y desarrollo social.
DESTACAMOS la importancia de la realización de la III Cumbre Sudamericana, que tendrá lugar en la ciudad de Cusco, los días 8 y 9 de diciembre de 2004. Este encuentro, al más alto nivel político se inserta dentro de la voluntad de continuar avanzando en el proceso de construcción de la integración latinoamericana.
Montevideo, 18 de octubre de 2004. __________
DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU DECIMOTERCERA REUNIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA DEUDA EXTERNA
Los Representantes de los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República de Cuba, de la República del Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de la República del Perú, de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en Montevideo el 18 de octubre de 2004,
CONSIDERANDO el impacto de la deuda externa sobre la estabilidad y el crecimiento económico, coincidimos en que el tema debe ser tratado teniendo en cuenta la impostergable necesidad de desarrollo social, objetivo para el cual la inversión pública tiene un papel fundamental.
RESPALDAMOS, en este contexto, los esfuerzos que realizan el gobierno y el pueblo argentino en sus negociaciones financieras internacionales para el pago de su deuda y reconocemos la importancia para la región de alcanzar una solución a dicha problemática que no comprometa la gobernabilidad democrática ni el desarrollo socio- económico.
Montevideo, 18 de octubre de 2004.
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU DECIMOTERCERA REUNIÓN DE RESPALDO A LA REPÚBLICA ARGENTINA EN LA DISPUTA
DE SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS
Los Representantes de los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República de Cuba, de la República del Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de la República del Perú, de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en Montevideo el 18 de octubre de 2004,
REAFIRMAMOS nuestro respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas. Asimismo, RECORDAMOS el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre dichos territorios, alcance una pronta solución de conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.
Montevideo, 18 de octubre de 2004.
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU
DECIMOTERCERA REUNIÓN SOBRE TERRORISMO
Los Representantes de los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República de Cuba, de la República del Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de la República del Perú, de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en Montevideo el 18 de octubre de 2004,
REAFIRMAMOS nuestra decidida condena a todos los actos, métodos y prácticas de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, dondequiera y por quienquiera que sean cometidos, pues constituyen una seria amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a las relaciones de amistad y cooperación entre las naciones, al respeto a la vida y la dignidad humana, así como a la estabilidad y consolidación de la democracia. Este flagelo –que afecta seriamente el desarrollo económico y social, los flujos de comercio e inversión y los procesos de integración- debe ser enfrentado en un ambiente de cooperación internacional, sobre la base del estricto respeto al derecho internacional y en particular, las normas internacionales de derechos humanos, el derecho de los refugiados, el derecho humanitario y los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. En este contexto, reiteramos la obligación de cada Estado de evitar la impunidad sancionando a quienes cometan actos de terrorismo, de conformidad con las legislaciones nacionales y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Montevideo, 18 de octubre de 2004.
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DECLARACIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS EN SU DECIMOTERCERA REUNIÓN SOBRE EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS
Los Representantes de los Gobiernos de la República Argentina, de la República de Bolivia, de la República Federativa del Brasil, de la República de Chile, de la República de Colombia, de la República de Cuba, de la República del Ecuador, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República del Paraguay, de la República del Perú, de la República Oriental del Uruguay y de la República Bolivariana de Venezuela, reunidos en Montevideo el 18 de octubre de 2004,
RECONOCEMOS que la lucha contra el problema mundial de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, incluyendo los delitos conexos, que inciden de diversas maneras en los flujos de comercio e inversiones, es una responsabilidad compartida que debe encararse multilateralmente y de conformidad al Derecho Internacional, en un marco de activa cooperación entre los Estados.
Montevideo, 18 de octubre de 2004. |