“LA COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL: 
UN INSTRUMENTO PARA LA INTEGRACIÓN”

EXPOSICIÓN DEL Doctor EDUARDO TELLECHEA
Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Facultad de Derecho del Uruguay

Respecto al tema propuesto, entendemos que todo proceso de integración económica en la medida que tienda a transitar hacia formas integrativas profundas, tal la constitución de un Mercado Común, meta final del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991, hace necesario acompañar dicha interrelación en lo económico con un paralelo desarrollo jurídico. Integración esta última imprescindible para dotar al relacionamiento regional entre particulares –personas físicas y colectivas– en última instancia los verdaderos protagonistas de la integración –de la certeza, seguridad y equidad que únicamente el Derecho es capaz de brindar a la vida civilizada del hombre en sociedad, en este caso, a nivel internacional regional.

La referida interrelación jurídica entre Estados inmersos en un proceso integrador debe alcanzar muy especialmente todo lo relativo a la realización de la Justicia. Este cometido esencial del Estado no puede verse trabado por fronteras nacionales que se erijan en obstáculos a procesos, que incoados en un Estado Parte, requieran del despliegue de actividad procesal a su servicio en otros. Para un adecuado funcionamiento de la Justicia, en tales hipótesis, resulta imprescindible la existencia de claras normas reguladoras de la cooperación o auxilio jurídico internacional.

Hoy se asiste a un significativo auge normativo en materia de regulación de la entreayuda jurídica interetática y sus cuestiones conexas y ello no es producto del azar. Diversas variables intervinientes inciden en tal panorama. Entre las mismas corresponde destacar muy especialmente el desarrollo de los medios de  comunicación internacional –que permiten volúmenes cada vez más significativos de traslados de personas y bienes, así como la celebración de contratos a distancia, vía fax, etc.–  así como la creciente flexibilización de las fronteras nacionales, consecuencia de procesos de integración e interrelación entre los Estados no sólo a nivel regional, sino también en el ámbito global. Todo lo cual determina que a fines de esta vigésima centuria, la dimensión internacional de la vida humana se vea notoriamente acrecida tanto en lo social, cultural y económico, cuanto en lo jurídico, siendo particularmente destacable en dicho ámbito el incremento, verdaderamente geométrico, de las relaciones privadas internacionales. Acrecentamiento observable no sólo en áreas en las que como en las relativas a la contratación mercantil internacional era más previsible el impacto internacionalizante, sino también en otras, tradicionalmente más recoletas y domésticas, como las atinentes al Derecho de Minoridad y Familia.

El enunciado crecimiento de las relaciones privadas internacionales ha determinado un paralelo incremento de los litigios suscitados en torno a las mismas. Por consiguiente, las cuestiones vinculadas a la condición procesal del litigante foráneo, al valor de los instrumentos públicos emanados de un Estado e invocados en procesos incoados en otro, a la cooperación jurídica internacional y al reconocimiento de sentencias dictadas en otra jurisdicción, son hipótesis de planteo real cada vez más asiduo ante los tribunales y la consulta profesional. Dentro de la señalada temática es particularmente notorio el acrecentamiento de la cooperación jurisdiccional internacional.

El concepto de Auxilio o Cooperación Jurisdiccional Internacional, engloba toda aquella actividad de naturaleza procesal desarrollada en un Estado, al servicio de un proceso incoado o a incoarse ante extraña jurisdicción. Dicho auxilio  comprende distintos grados o niveles según la forma como afecte tal actividad cooperacional al Estado que la brinda. Se puede hablar así de un primer nivel o grado de cooperación, en el que el auxilio brindado afecta en forma mínima al Estado que le presta, categoría comprensiva de las denominadas cooperación de mero trámite, probatoria y de información del Derecho de un país a los tribunales de otro, formas de auxilio que desde el punto de vista cuantitativo son las más importantes. Existe asimismo  un segundo nivel cooperacional, el auxilio cautelar, cooperación que en definitiva persigue que la sentencia dictada en un Estado, no llegue –como decía el maestro Calamandrei– cual los guardias de la ópera bufa, demasiado tarde, es decir, cuando ya no hay posibilidad de hacerla efectiva. Este tipo de cooperación internacional hoy es brindada en materia civil, comercial, laboral y contencioso-administrativa e incluso en materia penal, en lo que hace a requerimientos emanados de sedes penales tendientes a asegurar la indemnización de perjuicios derivados del delito. La cooperación cautelar internacional puede ser requerida tanto en juicios ordinarios, cuanto en especiales o extraordinarios y en procedimientos ejecutivos, admitiéndose solicitudes cautelares preparatorias, incidentales de una acción principal y también destinadas a garantizar la ejecución de una sentencia.

En el ámbito interamericano este tipo de auxilio es regulado actualmente por la Convención de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, en tanto que a nivel del Mercosur se ha concretado el Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares (1), aprobado por el Consejo del Mercado Común por Decisión 27/94 del 27 de junio de dicho año. En lo que hace a la normativa de fuente nacional, el Código General del Proceso del Uruguay en el Capítulo III, “De la Cooperación Judicial Internacional en Materia Cautelar”, Título X del Libro II, arts. 530 a 536, regula la prestación de dicha cooperación  respecto de solicitudes emanadas de magistrados pertenecientes a Estados ajenos a Tratados vigentes en la materia.

El Reconocimiento de la Eficacia de las Sentencias Extranjeras, constituye un tema que algunos sectores de la doctrina ubican como un tercer nivel de la cooperación jurídica internacional, aunque mayoritariamente se le concibe como un item independiente, tanto en razón de que afecta en forma mucho más significativa al Estado en que se pretenda su eficacia, cuanto que a diferencia del auxilio de mero trámite, probatorio y cautelar, materializados en el libramiento de exhortos, no nace, en principio, con expresa vocación internacional. Un juez libra un exhorto para notificar en el extranjero, para que  fuera de fronteras se diligencie una prueba o se trabe un embargo, pero en cambio, tradicionalmente, simplemente dicta una sentencia y será la parte interesada la que se encargará de invocar dicho fallo en otro Estado.  No obstante,  en razón de la ya aludida creciente internacionalización e interconexión entre los sistemas jurisdiccionales de los distintos países, comienzan a dictarse fallos en los que se asume la necesidad de su eficacia internacional. En tal sentido, a través de la Autoridad Central del Uruguay, se han comenzado a recibir exhortos en los que se remiten testimonios de sentencias extranjeras de divorcio respecto de matrimonios celebrados en Uruguay, para su pertinente inscripción por el Registro de Estado Civil.

 La cooperación de mero trámite y probatoria. Se trata del auxilio internacional más importante desde el punto de vista cuantitativo, al punto de representar en Derecho comparado aproximadamente el 80% de toda la entreayuda jurisdiccional internacional, volumen que en Uruguay alcanza aproximadamente  tres mil rogatorias tramitadas anualmente vía Autoridad Central y en este tipo de cooperación, dada la significativa importancia de su volúmen, hemos de centrar nuestra exposición.

Fundamentación de la cooperación de mero trámite y probatoria. Tradicionalmente se ha intentado explicar este auxilio ya en base a la conveniencia, ya a la “comitas gentium” –noción en verdad más vasta y profunda que aquella que surge de su imperfecta traducción como cortesía internacional– ya en la reciprocidad, etc. Más allá de que los argumentos citados no resultan excluyentes sino complementarios, en la actualidad la base de la prestación del auxilio jurídico internacional radica en una práctica asentada  entre las naciones, que conciben que en tanto la Justicia es un cometido esencial del Estado, no puede verse trabada por fronteras nacionales que se erijan como obstáculos al desarrollo de procesos incoados más allá de las mismas. Concepción que en cierto modo significa retornar al primigenio concepto de “comitas gentium”, cuanto su inicial expositor, el holandés Ulrrico Huber, sostenía en el siglo XVII, que la misma respondía a una “necessitas iuris”, entendida como una necesidad de las naciones de no aislarse de las demás y de cooperar entre sí. Esta noción a la vez clásica y contemporánea de que el auxilio  jurisdiccional no está sujeto a una decisión discrecional del tribunal exhortado, sino que existe una obligación de principio de prestarlo, es receptada por el moderno derecho en la materia, tal el Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional de Las Leñas, aprobado por el C.M.C. por Decisión Nº 05/92 y ya ratificado por todos los Estados Partes del Mercosur (2), menos Uruguay, texto que en el art.14, parte final, dispone: “Cuando el exhorto no haya sido cumplido en todo o en parte, este hecho, así como las razones que determinaron su incumplimiento, deberán ser comunicadas de inmediato a la autoridad requirente, utilizando el medio señalado en el párrafo precedente” –las Autoridades Centrales–. Obligación de fundar el incumplimiento de la rogatoria claramente demostrativa del deber, en principio, de brindar el auxilio.

Normativa aplicable en materia de cooperación de primer grado en el Derecho regional.  En relación a la cooperación del mero trámite y probatoria, corresponde distinguir las regulaciones de fuente convencional y las de fuente nacional, recordando que estas últimas solo se aplican en defecto de aquellas. Tal lo dispuesto por la Convención básica  en materia de Derecho Internacional Privado, la Convención de Montevideo de 1979  sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, aprobada por Uruguay por Decreto-Ley  14.953 del 12.11.979 y vigente entre nueve Estados americanos (3), entre ellos todos los del Mercosur y Chile, cuyo art. 1ero. preceptúa: “La determinación de la norma jurídica aplicable para regir situaciones vinculadas con el Derecho extranjero, se sujetará a lo regulado en esta Convención y demás Convenciones Internacionales suscriptas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes. En defecto de norma Internacional, los Estados Partes aplicarán las, reglas conflictuales de su Derecho interno”. Solución también acogida por el art. 524 del Título X, “Normas Procesales Internacionales”, del Libro II del Código General del Proceso de Uruguay (4)

Las actuales soluciones convencionales de fuente convencional más importantes entre nuestros países en la materia son: la Convención Interamericana de 1975 de Panamá sobre Exhortos o Cartas Rogatorias (5) y su Protocolo Adicional de Montevideo de 1979 (6) y la Convención de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero (7). Corresponde asimismo mencionar por la importancia del volúmen de cooperación tramitado a través del mismo, más de dos mil rogatorias anuales, el Convenio uruguayo-argentino sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, cuyas regulaciones son reproducidas por el también vigente Convenio uruguayo-chileno del mismo nombre. El reciente Convenio uruguayo brasileño de Cooperación Judicial en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, entrado en vigencia el 9 de febrero de 1996, consagra similares regulaciones y es ya objeto de importante aplicación jurisprudencial. En cuanto a las soluciones sobre el tema consagradas por los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y 1940 (8), Título III, éstas han sido sustituídas por aquellas legisladas por las Convenciones Interamericanas ya citadas, excepto en el caso de Bolivia, país ratificante del Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889 pero no de las mencionadas Convenciones Interamericanas. 

Respecto al Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Partes del Mercosur, no rige para Uruguay cuanto aún no lo ha ratificado, pero si entre Argentina, Brasil y Paraguay y extiende a todos los Estados del Mercosur las soluciones en materia de auxilio jurídico internacional, reconocimiento de sentencias extranjeras y condición procesal del litigante foráneo ya vigentes entre Uruguay y Argentina, los dos países más integrados en materia de regulación de las relaciones privadas internacionales y la cooperación jurídica internacional de toda la región. Estas soluciones de los Protocolos del Mercosur sobre auxilio jurídico internacional a menudo progresan respecto a las disposiciones de las Convenciones Interamericanas, adecuando dichos textos a necesidades más exigentes, propias de países inmersos en un proceso integrador en marcha.

Diligenciamiento:

Al respecto es posible distinguir la existencia de dos modalidades en la tramitación de la cooperación de mero trámite y probatoria. Una forma extrajurisdiccional y una modalidad, clásica de los países de Derecho Civil,  jurisdiccional, que se traduce en un efectivo y auténtico auxilio entre los tribunales de distintos Estados.

La modalidad extrajurisdiccional:

Es propia de los países del common-law, aún cuando actualmente dicha práctica haya alcanzado un cierto grado de aceptación generalizada y su origen se remonte al “in ius vocatio” del antiguo Derecho romano, burocratizado luego en el Imperio, con el “libellum” entregado por funcionario. Esta forma extrajurisdiccional se concreta, bien en el diligenciamiento del auxilio por “comisionados”, bien en su tramitación por agentes diplomáticos o consulares del Estado en el que se ha iniciado el juicio, acreditados en el país en el cual la actividad de mero trámite o probatoria debe llevarse a cabo, excluyendo en principio esta modalidad la actuación de tribunales locales.

Algunos Derechos, como el uruguayo, no admiten la figura  del comisionado en el diligenciamiento de la cooperación jurídica internacional, aunque sí la actuación directa de agentes  diplomáticos o consulares. El art. 526, numeral 2 del Código General del Proceso de Uruguay, dispone al respecto: “Por intermedio de tratado o convención, podrá establecerse la facultad de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos para llevar a cabo las diligencias a que se refiere el ordinal anterior” (actos de mero trámite y recepción y obtención de pruebas). Norma ésta con origen en el art. 3ero. de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En lo referente a Tratados regionales que prevean tal tipo de actuación diplomática o consular, corresponde mencionar la Convención Interamericana de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que como se viera, ya rige entre diecisiete Estados y cuyo art. 13 autoriza a dichos agentes a dar cumplimiento a tales diligenciamientos en los Estados en que estén acreditados, siempre que ello no se oponga a las leyes de los mismos y no empleen medios que impliquen coacción. Así, si el citado a declarar no compareciere, no podrá el diplomático actuante conducirlo por la fuerza, sino que deberá solicitar  al órgano jurisdiccional local competente la aplicación de las medidas de apremio autorizadas por la legislación de éste, conforme, art.11 del Protocolo a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Este Protocolo Adicional, aprobado en La Paz en 1984, regula cuidadosamente la actuación de diplomáticos y cónsules en la recepción de pruebas, Capítulo V, consagrando el derecho de las personas de quienes se reciban las mismas a estar asistidas de abogados y si fuere necesario, de intérpretes y otros auxiliares de su confianza, art. 12 parte final. Asimismo autoriza a los Estados Partes a limitar a determinadas materias las facultades de los agentes extranjeros y a disponer condiciones para la recepción de pruebas por los mismos, entre otras, relativas al tiempo y lugar donde deban practicarse, art. 10. Todo lo cual es demostrativo de la conveniencia de su ratificación por los Estados Americanos, habiéndolo hecho al momento sólo Ecuador, México y Venezuela.

La modalidad jurisdiccional. El exhorto:

Se trata de la forma usual de la cooperación jurídica internacional entre los países de Derecho romano-germánico y especialmente entre los latinoamericanos, entre los cuales la amplia mayoría del auxilio internacional es brindado a través de esta modalidad, la que se traduce en el envío o recepción de exhortos o cartas rogatorias internacionales. Términos sinónimos, que podemos definir como la petición o ruego que hace el órgano jurisdiccional de un Estado a su par de otro, para la realización de una actividad procesal al servicio del requirente. De acuerdo al más importante Derecho Internacional Privado regional regulador del tema, las Convenciones Interamericanas de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y el Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Partes del Mercosur, así como en lo bilateral, los Convenios uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos y el Convenio uruguayo-brasileño de Cooperación Judicial,  el exhorto librado en materia civil, comercial, laboral o administrativa, necesariamente deberá provenir de órgano jurisdiccional y ser dirigida a órgano de similar condición del Estado exhortado. Entendemos por órgano jurisdiccional, todo órgano perteneciente o no al Poder Judicial, que sea un verdadero tribunal de justicia, esto es, un órgano independiente, capaz de resolver  con autoridad de cosa juzgada el litigio sometido a su consideración.

La calidad de jurisdiccional del exhortante corresponde sea calificada de acuerdo al Derecho de origen de la rogatoria, posición con amplia recepción en la doctrina regional, sostenida entre otros por la ex Subsecretaria Jurídica de OEA, Prof. Dra. Tatiana B. de Maekelt. Solución empero no excluyente, de que el Estado rogado en defensa de su inconculcable orden público internacional, deniegue la cooperación en casos de notoria ausencia en el requirente de cualidades que hagan a un verdadero tribunal. En tal sentido la posición de la doctrina y jurisprudencia iusprivatista internacional uruguaya. El maestro Quintín Alfonsín, en la época Asesor Letrado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y el jurista francés  Jean Lisbonne, sostuvieron en nota de jurisprudencia publicada por el Journal de Droit Internacional en 1958 en relación a una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, denegatoria del diligenciamiento de un exhorto librado por la “Junta de Recuperación Patrimonial argentina” –órgano creado en  dicho país tras el derrocamiento de la 2da. Presidencia del General Perón– que existían insuperables razones de fondo para denegar el auxilio, fundadas en la carencia de imprescindible independencia funcional del órgano requirente, lo que determinaba que no pudiere ser conceptuado como verdadero tribunal. Coincidimos con esta posición y entendemos con Opertti, que en tales casos normalmente los interesados se hallan en la imposibilidad o grave dificultad de defender sus derechos, vulnerando ello principios fundamentales de garantía en el proceso, que en nuestros derechos, generalmente, ostentan categoría de norma constitucional.

En materia de entreayuda internacional penal, la necesidad de atender las diferencias existentes entre el sistema inquisitivo propio de los países de Derecho romano-germánico y el acusatorio de los Estados de common-law, ha determinado que el auxilio se preste ante “solicitudes de cooperación de las autoridades encargadas de la investigación o enjuiciamiento de delitos en el Estado requirente”, tal, el art. 4 de la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal. Solución que no excluye eventuales denegaciones de cooperación en salvaguarda del orden público internacional del Estado requerido, en hipótesis de claros desconocimientos del derecho de debida defensa, etc.

No sólo el pedido de cooperación debe provenir de órgano jurisdiccional, sino que además debe ser diligenciado por tribunales en el Estado rogado.  El tribunal  extranjero carece de “imperium” fuera de su jurisdicción y en consecuencia debe recurrir a órganos jurisdiccionales locales, que se encargarán de diligenciar el exhorto.

Las vías para la transmisión de exhortos requirentes de cooperación internacional:

Los más importantes textos continentales de Derecho Internacional Privado, tal la Convención Interamericana de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 4, consagran para la remisión de las solicitudes de cooperación de trámite y probatoria las vías: diplomática, consular, judicial, particular y Autoridad Central. Sólo las vías particular y judicial requieren de legalización y respecto a la vía judicial este requisito puede ser obviado, tal como oportunamente se verá, en hipótesis de cooperación brindada en zonas fronterizas. La vía diplomática o consular y la  Autoridad Central en tanto vías oficiales, acreditan sin necesidad de legalización la autenticidad de las rogatorias remitidas por su intermedio. El C.G.P. uruguayo al regular este tipo de auxilio en el Capítulo II del Título X del Libro II, art. 527, consagra igualmente los mencionadas medios para la transmisión de exhortos.

El modo Autoridad Central, organizada en Uruguay  por el Decreto 407/985, hoy sustituído por el Decreto 95/96 que afianza y desarrolla los cometidos de este órgano, es regulado en la región por distintos tratados multilaterales y bilaterales de creciente aplicación en materia de cooperación jurídica internacional.

Entre Argentina y Uruguay y también entre Uruguay y Brasil ha de resultar asimismo conveniente llevar a la práctica la comunicación directa, sin exigencia de legalización de los exhortos que se envíen los tribunales de zonas fronterizas. Posibilidad prevista por el art. 7 de la Convención Interamericana de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y contemplada también por el Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares entre los Estados Partes del Mercosur,  art. 19 in fine.

Requisitos a los que debe ajustarse el auxilio de mero trámite y probatorio:

El exhorto requirente de cooperación internacional de primer nivel debe ajustarse a condiciones formales, procesales y substantivas, según lo resultante de la normativa en la materia.  Tales, las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero y Convenios bilaterales como los Convenios uruguayo-argentino  y uruguayo chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos y el Convenio uruguayo-brasileño de Cooperación Judicial en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, Capítulo III.

Requisitos formales:  En tanto documento, el exhorto deberá ajustarse a exigencias destinadas a asegurar su autenticidad, comprensión y correcta aplicación.

Requisitos destinados a asegurar la autenticidad del exhorto - La legalización:  Por medio de la misma se acredita tanto la procedencia oficial del documento, cuanto su autenticidad, por ser funcionario público conocido del otorgante el que lo suscribe y por ser verdadera la firma que ostenta. En el derecho continental, la legalización es excluida, como ya se ha señalado por los modernos textos interamericanos, respecto a los exhortos transmitidos vía diplomática o consular o vía Autoridad Central.

Además de la legalización, se exigen otras condiciones para asegurar la autenticidad de la rogatoria, entre ellas, que el tribunal exhortante resulte debidamente identificado a través de su nombre y dirección; individualización del expediente con especificación del objeto y naturaleza del juicio y nombre y dirección de las partes; y transcripción de la resolución que ordena el libramiento del exhorto. Requisitos exigidos, vr. gr., por los Convenios uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, art. 3, literales a, b y c; Convenio uruguayo-brasileño, art. 4, literales a, b y c; Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Partes del Mercosur, art. 6; etc.

Requisitos destinados a asegurar la comprensión de las rogatorias extendidas en idioma extranjero:  El principio en la materia es que se exija que el exhorto y la documentación adjunta sean acompañados de traducción al idioma del Estado requerido. Sin embargo modernos textos como el Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 3, facilitan el auxilio jurisdiccional entre Estados con distinto idioma, exigiendo solamente la traducción de la demanda o petición que inicia el procedimiento en el cual se libra el exhorto, pero no de la documentación adjunta, agregando a ello un formulario, traducido, con información básica para la persona a quien deban ser entregados o transmitidos los documentos.

Requisitos destinados a asegurar el cumplimiento del exhorto:
Dentro de este rubro se ubican exigencias como:

a) - Nombre y domicilio del apoderado de la parte solicitante en el Estado requerido, si lo hubiere. Respecto a este requisito cabe recordar que en el Derecho uruguayo no es obligatorio, cuanto el diligenciamiento de la cooperación de mero trámite y probatoria es de oficio y gratuito, excepto pruebas que generen gastos especiales, en cuyo caso éstos estarán a cargo de la parte requirente o de quien esta designe. Diversos textos concluídos en el área acogen esta solución, así, los vigentes Convenios bilaterales uruguayo-argentino y uruguayo-chileno sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos, arts.8 y 10; uruguayo-brasileño de Cooperación Judicial en Material Civil Comercial, Laboral y Administrativa, arts.14 y 12 in fine; y Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en el Mercosur, arts. 8, 17 y 15; etc.  

b) - Indicación del objeto del exhorto, precisando nombre y domicilio del destinatario de la medida. Se trata de una condición que persigue asegurar la prestación de la cooperación impetrada a través de la identificación tanto del objeto que ésta persigue, cuanto de las personas a quienes va dirigida. Aún cuando los datos relativos al domicilio del destinatario de la solicitud o de la persona citada a declarar sean incompletos o inexactos, la actual doctrina y los textos de Derecho positivo más modernos indican que el tribunal exhortado deberá agotar los medios para satisfacer el pedido de cooperación, tal la solución acogida por el Convenio bilateral uruguayo-brasileño, art. 13  y el Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, art. 16.

Requisitos procesales:
En relación a la cooperación de mero trámite y  probatoria corresponde señalar  los siguientes: 

a) - Información del plazo de que dispone la persona afectada por la medida para cumplirla. La condición tiene por finalidad la mejor protección de los intereses del afectado por el exhorto, asegurándole mínimas garantías que hacen al debido proceso;

b) - Descripción de formas o procedimientos especiales con que ha de cumplirse la cooperación solicitada. En tanto la actual cooperación jurídica internacional admite que el foro requerido aplique a la tramitación del exhorto procedimientos solicitados por la sede rogante, cuestión que habrá de examinarse en particular al analizar el tema “diligenciamiento”, se busca asegurar a través de una adecuada información al tribunal exhortado, la correcta aplicación de los procedimientos especiales requeridos.

Requisito sustancial;  no afectación  del orden público  internacional del Estado exhortado:

La cooperación de mero trámite y probatoria puede llegar a afectar el orden público internacional del foro exhortado en hipótesis de casos en que la rogatoria lesione concretamente, por su propia naturaleza, valores esenciales e inderogables del Estado rogado, así como en situaciones en las que el procedimiento especial solicitado por el tribunal requirente resulte incompatible con los principios básicos  del ordenamiento procesal requerido.

Si bien distintos textos reguladores de la cooperación jurídica internacional acogen la excepción de orden público internacional, no la definen, por lo que corresponde acudir al concepto consagrado por esa verdadera codificación de los principios básicos del Derecho Internacional Privado continental que es la Convención Interamericana de Normas Generales de DIPr., ratificada actualmente por todos los Estados Partes del Mercosur y Chile, art. 5, que la concibe como la defensa de los principios escenciales del ordenamiento jurídico del Estado requerido y en consecuencia, únicamente invocable cuando se agregan en forma grave, concreta y manifiesta los mismos, ya por aplicación de un Derecho extranjero, ya ante un caso de requerimiento de cooperación jurisdiccional internacional. Así, la posición emergente de la Declaración de la República Oriental del Uruguay en relación al alcance del mencionado artículo, al firmar la Convención. Posición ésta que limita la oponibilidad de la excepción a hipótesis de verdadera gravedad, compatibles con el principio de amplia cooperación jurídica internacional que se deben Estados en proceso de integración. 

Las rogatorias de mero trámite y de prueba, sólo excepcionalmente han originado situaciones en que se haya entendido que vulneraban el orden público internacional del Estado exhortado. En Uruguay, ello ha ocurrido en relación a exhortos requiriendo el levantamiento del “secreto bancario”, tutelado en tal Derecho, bajo la denominación de “secreto profesional” por la legislación de Intermediación Financiera, que empero admite que el secreto sea develado, art. 25 de la Ley 15.332, ante requerimientos judiciales librados en procedimientos penales o de fijación de pensiones alimenticias. Extremos éstos que con acierto la jurisprudencia ha entendido que también juegan como causales del levantamiento del secreto, cuando el pedido que provenga de jueces extranjeros esté debidamente fundado.

Otras situaciones en que sería posible alegar la improcedencia de la cooperación en razón que afecta los fundamentos del orden público internacional del magistrado rogado, serían aquellas en las que el exhorto provenga de órgano carente de independencia como para ser considerado un auténtico tribunal de justicia –por razones ya expuestas– y los casos en que el auxilio hubiere sido requerido por magistrado extranjero cuya competencia en el caso lesionare claramente una jurisdicción exclusiva del Estado exhortado. Al respecto opinamos con Opertti (9), que el juez rogado sólo deberá dar cabida a la excepción de incompetencia, cuando se trate manifiestamente de un asunto de su jurisdicción exclusiva, pues de no hacerlo estaría renunciando al deber de defensa de su propia jurisdicción. Criterios similares son sostenidos en la doctrina argentina por algunos de sus más conspicuos iusprivatistas. En tal sentido el maestro Werner Goldschmidt, señaló (10): “la oposición al exhorto por la causa indicada –falta de competencia internacional de la sede exhortante– sólo se justifica si la jurisdicción internacional propia reclamada es exclusiva”; el actual miembro de la Suprema Corte argentina, Prof. Boggiano, expresa igualmente: “Admitir lo contrario implicaría un dispendio judicial, una incongruencia jurídica, al ejecutar el exhorto de un juez que consideramos carente de jurisdicción para dictar la medida que nos solicita ejecutar. Además, entrañaría consentir la invasión de la justicia argentina” (11). En el mismo sentido, el actual Derecho español en la Ley Orgánica de la Judicatura del 2.7.985, prevé entre las causales de denegación de la cooperación judicial internacional, art. 278, numeral 2: “Cuando el proceso de que dimana la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española”.

Requisitos específicos a los exhortos de prueba: 
Además de las condiciones generales a toda rogatoria, se requieren de éstas el cumplimiento de ciertas exigencias particulares, tales: 

a) - Descripción del litigio que facilite la diligencia probatoria. La finalidad de la condición, si bien un tanto engorrosa para el magistrado requirente, es proporcionar al exhortado una mínima e imprescindible información acerca de los hechos litigiosos que favorezca el adecuado diligenciamiento de la prueba solicitada.

b) - Nombre y dirección de testigos y demás personas que deban intervenir en el diligenciamiento. La exigencia responde a la finalidad de asegurar la remisión de información imprescindible a efectos de la ubicación de aquellas personas, individuales o colectivas, que deban participar en el tramitación de la prueba rogada, tratándose de datos sin los cuales la recepción de la misma peligraría.

c) - Texto de los interrogatorios y otros documentos necesarios. Al igual que la precedente,  la  condición persigue  asegurar  el  aporte  de  elementos  básicos  para el diligenciamiento de la prueba y que aún cuando no fuesen exigidos expresamente  –como lo hacen diversos textos convencionales–  una elemental lógica jurídica igual determinaría su necesaria inclusión en el exhorto.

Las señaladas condiciones exigibles a los exhortos referentes al diligenciamiento de cooperación probatoria son específicamente requeridas por la Convención Interamericana de 1979 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art.4;  Convenios bilaterales sobre Igualdad de Trato Procesal  y exhortos vigentes con Argentina y Chile, arts. 4 de los mismos; Convenio uruguayo-brasileño de Cooperación Judicial, art. 5 y Protocolo de Las Leñas, art. 7.

Diligenciamiento:

Frente a los modelos clásicos regionales - los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y 1940 - que sometían necesariamente los procedimientos a seguir en el cumplimiento de los exhortos requirentes de auxilio  de mero trámite y probatorio a la “lex fori” del Estado requerido,  el moderno Derecho de la Cooperación Jurídica Internacional admite, sin perjuicio de mantener como principio el señalado criterio,  que a solicitud del tribunal rogante se observen procedimientos especiales, a condición, que no resulten inconciliables con el orden público internacional del Estado requerido. Esta solución que atiende más adecuadamente la verdadera índole de la actividad cooperacional, destinada a tener trascendencia en el Estado requirente y a cuyos efectos puede resultar necesario observar en su diligenciamiento formas procesales propias del Derecho exhortante, es acogida por el moderno DIPr. de fuente convencional, entre otras, por las Convenciones de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 10 in fine y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 6 y Protocolo de Las Leñas, art. 12, parte final y por los Convenios bilaterales que vinculan en la materia a Uruguay con Argentina y Chile, arts. 5 de ambos textos, así como con Brasil, art. 9.

Impulso procesal:

Tal como se ha señalado, la actual cooperación de trámite y probatoria es tramitada de oficio, ello desde luego, sin perjuicio de la opcional intervención de parte, ya actuando por sí, ya a través de apoderado, caso en el cual el exhorto debe identificarlo.

Gratuidad: 

Modernos textos subregionales se apartan de la práctica tradicional de poner a cargo del interesado los gastos derivados de la cooperación de trámite y probatoria  y por el contrario consagra la gratuidad de su prestación, salvo el diligenciamiento de pruebas que generen gastos especiales y el pago de peritos e intérpretes, así como de las costas derivadas de la aplicación de formalidades específicas requeridas por el rogante, todo lo cual deberá ser atendido por el solicitante de la cooperación. Tal la solución receptada por el Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional art. 15 y los Convenios bilaterales en la materia uruguayo-argentino, art. 10; uruguayo-chileno, mismo artículo; y uruguayo-brasileño, art.12.

Empleo de medios cohercitivos:

Los modernos textos resuelven positivamente la  interrogante relativa a si la sede exhortada esta capacitada para aplicar en el diligenciamiento de rogatorias relativas a auxilio de primer nivel, medidas  cohercitivas previstas en su legislación a efectos de asegurar el cumplimiento de similares actividades procesales de carácter local. Tales, las soluciones consagradas por el Convenio uruguayo-brasileño sobre Cooperación Jurisdiccional, art. 10 y el Protocolo de Las Leñas, art. 13, e ínsitas en los demás textos reguladores del tema, en tanto consagran el principio de que el diligenciamiento de las rogatorias queda sujeto a lo dispuesto por la ley del requerido. El empleo de medidas coercitivas no es sino el correlato de que la prestación de la cooperación ha dejado de ser una facultad del exhortado para transformarse en un deber que, tal como se ha visto, le obliga incluso a fundamentar  el incumplimiento total o parcial  del auxilio que le es requerido.

Comunicación al requirente de la fecha y lugar en que se hará efectiva la cooperación:

Esta noticia resulta especialmente trascendente en aquellos casos en que se permita que la sede requirente se haga presente en el diligenciamiento del auxilio, posibilidad altamente beneficiosa para asegurar la correcta tramitación de la cooperación probatoria. Esta práctica si bien aún no demasiado frecuente, comienza a darse cada vez más intensamente entre los Estados del Mercosur. Tales, las soluciones acogidas por el Convenio uruguayo - brasileño sobre Cooperación Judicial, art. 8 y por el Protocolo de Las Leñas de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, art. 11. Textos que permiten que la sede requirente pueda comparecer en el diligenciamiento del auxilio y ejercer las facultades autorizadas por la legislación del Estado requerido, a la que en definitiva ha de corresponder determinar el alcance de dicha presencia.

Autonomía del acto cooperativo:

A efectos de facilitar la prestación del auxilio jurídico internacional de mero trámite y probatorio, todos los textos regionales modernos desde las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero, arts. 9 y 8 de las mismas,  consagran la denominada “autonomía del acto cooperativo”, por la que la prestación de este primer nivel de auxilio, no compromete el otorgamiento de otros tipos más intensos de cooperación jurídica internacional “latu sensu”, ya cautelar, ya relativa al reconocimiento de un fallo extranjero. Instancias en las que podrá plantearse con total independencia respecto a diligenciamientos de mero trámite y probatorios anteriores, la cuestión de la jurisdicción internacional del exhortante.
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Las expuestas son, a grandes rasgos, algunas de las líneas maestras que conforman hoy la cooperación jurídica internacional en el sistema interamericano y especialmente a nivel de los Estados Partes del MERCOSUR. Estimamos que el auxilio jurisdiccional interetático supone un muy útil instrumento para la mejor integración, cuanto permite acompañar la dimensión económica de la misma con una absolutamente necesaria y complementaria dimensión jurídica, capaz de crear condiciones de certeza y equidad imprescindibles para el desarrollo de nuestras sociedades y la mejor tutela de los derechos de las personas.

No quiero terminar mis palabras sin advertir que si bien se asiste hoy al importante desarrollo normativo analizado, se debe procurar que esta elaboración jusprivatista internacional, que apunta a una imprescindible uniformización de las regulaciones regionales en la materia, no se vea frustrada por la coexistencia de interpretaciones jurisprudenciales nacionales diversas - y hasta contradictorias - acerca de las soluciones consagradas. Peligro éste que en un área en proceso de integración profunda como es el MERCOSUR, será necesario que sea conjurado a través de una efectiva función perjudicial a cargo de un Tribunal de Justicia regional estable. Organo hoy inexistente, cuyo vacío no puede racionalmente pretenderse sea colmado satisfactoriamente por soluciones transitorias, tal como expresamente las califican el Preámbulo y texto, art. 34, del aún vigente Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias (12).

Ante el panorama descripto, debe recalcarse la alta utilidad de encuentros del tipo del que hoy nos reúne a convocatoria de ALADI, que permiten a la doctrina de la región reflexionar y aunar criterios sobre temas que hacen a la interpretación y aplicación de una normativa común en desarrollo. En tal sentido, ALADI, que tal como señalara al comienzo de mis palabras, ha sido matriz generadora del proceso integrador continental, hoy debe asumir también el liderazgo en el análisis de los problemas que hacen a la integración jurídica entre nuestros países, generando encuentros capaces de envolver en sus conclusiones a los actores de la Justicia: jueces, fiscales y abogados, posibilitando así una ansiada y necesaria armonización en la regulación del tráfico privado externo y la cooperación jurídica internacional  entre nuestros países.

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LLAMADAS:

(1)	Texto ratificado por Argentina por Ley 24.579 del 25 de octubre de 1995; Brasil, por Decreto - legislativo 192 del 18 de diciembre de 1995; y Paraguay, por Ley 619/95 del 12 de setiembre de 1995. Uruguay aún no lo ha ratificado. 

(2)	Argentina lo ha aprobado por Ley 24.578 del 25 de octubre de 1995; Brasil por Decreto- Legislativo 129 del 5 de octubre de 1995; y Paraguay por Ley 597/95. 

(3)	Son Estados Partes de la Convención sobre Normas Generales  de Derecho Internacional Privado:  Argentina,  Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

(4)	Art. 524 C.G.P., Normas Aplicables.- En defecto de tratado o convención, los tribunales de la República deberán dar cumplimiento a las normas contenidas en el presente Título”.    

(5)	La Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias se encuentra ratificada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; España ha adherido. 

(6)	El Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias rige entre: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

(7)	La Convención  sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero  se encuentra vigente entre:  Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay y Venezuela.

(8)	El Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 fue ratificado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay; Colombia adhirió. El Tratado de 1940 de Derecho Procesal Internacional fue ratificado por Argentina, Paraguay y Uruguay y entre dichos Estados sustituye al anterior de 1889.

(9)	Opertti, Didier, “Medidas Cautelares con especial referencia al Derecho Procesal Internacional”, numeral 18, “Nuestra Posición Actual”; artículo publicado en II “Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”.

(10)	Goldschmidt, W., “Derecho Internacional Privado”, año 1985, “Auxilio Judicial Internacional”, pág. 479.

(11)	Boggiano, A, “Derecho Internacional Privado”, T.II, pág. 1307.

(12)	Protocolo cuyas regulaciones determinan que si un Estado Parte aplicare una norma con calidad de fuente jurídica del MERCOSUR en forma que otro Estado miembro, vr. gr., interpretare equivocada, éste podrá acudir a los procedimientos del Protocolo (art. 1ero.. del Protocolo de Brasilia y arts. 41 y 42 del Protocolo de Ouro Preto sobre la Estructura Institucional del Mercosur) pudiéndose arribar así en definitiva a un laudo arbitral (art. 21 del Protocolo de Brasilia) cuyas soluciones, sólo obligatorias entre los Estado envueltos en la controversia, podrán no ser coincidentes con las adoptadas por un nuevo tribunal arbitral - ad hoc que con otra composición examinare similar conflicto entre otros Estados Partes.

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