Artículo 1°
El presente Decreto Ley establece el Estatuto General que rige a los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional. Igualmente rige el sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. Además, regula el sistema de administración de personal, el cual comprende la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario, normas para el retiro y el régimen jurisdiccional. Las materias señaladas en este artículo son de orden público y, en consecuencia, no pueden ser objeto de contratación colectiva.

Artículo 2°
El presente Decreto Ley tiene por objeto:
Crear el marco regulador que conforme un sistema de incentivos definidos para el
funcionario público, con reglas claras de actuación para que su gestión,
fundamentada en los principios de honestidad, participación, solidaridad,
celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y
responsabilidad en el ejercicio de la función pública, se oriente a garantizar que la
Administración Pública Nacional esté al servicio de los ciudadanos.
Promover la identificación del funcionario público como servidor público en función
de la acción del Estado para llevar a cabo sus fines esenciales.
Crear un régimen que oriente de manera intachable la conducta de los aspirantes

o miembros de la función pública, de acuerdo con los códigos de ética
administrativa, con el más alto sentido de dedicación y respeto a los principios y
normas previstos en el ordenamiento jurídico.
Crear las condiciones para que los funcionarios que ingresen y permanezcan en la
Administración Pública Nacional tengan acceso a los más altos niveles de
capacitación y experiencia técnica y profesional.
Establecer las normas que garanticen el ingreso y el ascenso en la función pública
de modo que aquéllas se cumplan con el más estricto respeto a la igualdad,
apoyándose en la selección de los más aptos mediante la competencia pública
basada en conocimientos, méritos y experiencia.

Artículo 3°
Las disposiciones de este Decreto Ley son aplicables a las relaciones de prestación de servicios entre los funcionarios públicos y la Administración Pública Nacional.

Artículo 4°
Funcionario público es toda persona natural que, en virtud de nombramiento expedido por la autoridad competente, se desempeña en el ejercicio de una función pública

Artículo 6°
La gestión de la función pública corresponde a:
1. El Vicepresidente Ejecutivo.
Los Ministros.
Las máximas autoridades directivas y administrativas de los órganos y entes de la
Administración Pública Nacional.
En los órganos o entes de la Administración Pública Nacional dirigidos por cuerpos
colegiados, la competencia de gestión de la función pública corresponde a su
Presidente, salvo cuando la ley que regule el funcionamiento del respectivo órgano
o ente le otorgue esta competencia al cuerpo colegiado que lo dirige o administra.

Artículo 7°
Los actos administrativos de carácter particular dictados en ejecución de este Decreto Ley por los funcionarios mencionados en el artículo anterior agotan la vía administrativa. En consecuencia, sólo podrá ser ejercido, contra ellos, el recurso contencioso administrativo en materia de función pública dentro del término previsto en el artículo 152 de este Decreto Ley, a partir de su notificación al interesado, o de su publicación, si fuere el caso, conforme a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 8°
La ejecución de la gestión de la función pública corresponde a las oficinas de recursos humanos de cada órgano y ente de la Administración Pública Nacional, las cuales harán cumplir las directrices, normas y decisiones del órgano de dirección, del órgano rector y de los órganos de gestión, así como los planes de personal aprobados de conformidad con este Decreto Ley y sus reglamentos.

Capítulo II. Órganos de Dirección y de Gestión de la Función Pública

Artículo 10º
Corresponde al Ministerio de Planificación y Desarrollo asesorar y asistir al
Presidente de la República en el ejercicio de las competencias que le acuerde este
Decreto Ley, así como evaluar, aprobar y controlar la aplicación de las políticas en
materia de función pública nacional mediante la aprobación de los planes de
personal que ejecuten los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.
En particular, dicho Ministerio tendrá las atribuciones siguientes:
Organizar el sistema de la función pública y supervisar su aplicación y desarrollo.
A tal fin, dictará normas y procedimientos relativos al reclutamiento, selección
ingreso, clasificación, valoración, remuneración de cargos, evaluación del
desempeño, desarrollo, capacitación, ascensos, traslados, transferencias,
licencias, permisos, viáticos, registros de personal, régimen disciplinario y egresos,
así como cualesquiera otros planes, normas y procedimientos inherentes al
sistema.
Cumplir y hacer cumplir las normas previstas en el presente Decreto Ley y sus
reglamentos.
Aprobar los planes de personal de los órganos y entes de la Administración
Pública Nacional sujetos a este Decreto Ley, así como sus modificaciones, una
vez verificada con el Ministerio de Finanzas la correspondiente disponibilidad
presupuestaria para su aplicación.
Realizar auditorias, estudios, análisis e investigaciones para evaluar la ejecución
de los respectivos planes.
Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Funcionarios Públicos

conforme a los reglamentos de este Decreto Ley.
Solicitar de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional la
información que se requiera para el cabal desempeño de sus funciones.
Prestar asesoría técnica a los órganos y entes que lo soliciten.
Evacuar las consultas que le formulen los órganos y entes en relación con la
administración de personal.
Dirigir las negociaciones de las convenciones colectivas de trabajo de la
Administración Pública Nacional.
Llevar el registro de organización sindical de funcionarios públicos de la
Administración Pública Nacional.
Aprobar los informes técnicos de las clases de cargos y los sistemas de rango
propuestos por los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.
Presentar para la consideración y aprobación del Presidente de la República, una
vez verificada la correspondiente disponibilidad presupuestaria con el Ministerio de
Finanzas, los informes técnicos sobre las escalas de sueldos que se aplicarán en
los órganos y entes de la Administración Pública Nacional.
Aprobar las bases y los baremos de los concursos para el ingreso y ascenso de
los funcionarios públicos, los cuales deben incluir los perfiles y requisitos exigidos
para cada cargo.
Aprobar los informes técnicos de las reducciones de personal que planteen los
órganos y entes por reajustes presupuestarios, cambios en la organización
administrativa y modificación de la estructura de cargos.
Solicitar al Ejecutivo Nacional, conjuntamente con el Ministro de Finanzas, los
correctivos y ajustes presupuestarios en aquellos órganos y entes de la
Administración Pública Nacional que incumplan las metas de los planes de
personal en lo relativo a la materia presupuestaria.
Dictar las políticas que en materia de desarrollo gerencial deberá desarrollar la
Escuela Nacional de Gerencia Pública.
Las demás que establezca este Decreto Ley y sus reglamentos.

Capítulo III. Registro Nacional de Funcionarios Públicos

Artículo 11º
El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Funcionarios Públicos al servicio de la Administración Pública Nacional, de conformidad con lo que señalen los reglamentos de este Decreto Ley.
Al Registro Nacional de Funcionarios Públicos quedarán integrados los demás registros de personal que puedan preverse en leyes especiales.

Remitir al Ministerio de Planificación y Desarrollo, en la oportunidad que se
establezca en los reglamentos de este Decreto Ley, los informes relacionados con
la ejecución del Plan de Personal y cualquier otra información que le fuere
solicitada.
Dirigir la aplicación de las normas y de los procedimientos que en materia de
administración de personal señale el presente Decreto Ley y sus reglamentos.
Dirigir y coordinar los programas de desarrollo y capacitación del personal, de
conformidad con las políticas que establezca el Ministerio de Planificación y
Desarrollo.
Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal.
Organizar y realizar los concursos que se requieran para el ingreso o ascenso de
los funcionarios de carrera según las bases y baremos aprobados por el Ministerio
de Planificación y Desarrollo.
Proponer ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo los movimientos de
personal a que hubiere lugar.
Instruir los expedientes en caso de hechos que dieren lugar a la aplicación de las
sanciones previstas en este Decreto Ley.
Actuar como enlace entre el órgano o ente respectivo y el Ministerio de
Planificación y Desarrollo.
Las demás que se establezcan en el presente Decreto Ley y su Reglamento.

Artículo 13º
La omisión, retardo, negligencia o imprudencia de los titulares de las oficinas de recursos humanos en adoptar las medidas que les hubiere prescrito el Ministerio de Planificación y Desarrollo, será causal de retiro de la Administración Pública Nacional.

Artículo 14º
Los planes de personal son los instrumentos que integran los programas y actividades que desarrollarán los órganos y entes para la óptima utilización del recurso humano, tomando en consideración los objetivos institucionales, la disponibilidad presupuestaria y las directrices que emanen de los órganos de gestión de la función pública.

Artículo 15º
Los planes de personal deben contener los objetivos y metas para cada ejercicio fiscal en lo relativo a estructura de cargos, remuneraciones, creación, cambios de clasificación, supresión de cargos, ingresos, ascensos, concursos, traslados, transferencias, egresos, evaluación del desempeño, desarrollo y capacitación, remuneraciones y las demás materias, previsiones y las medidas que establezcan los reglamentos de este Decreto Ley.
Los planes de personal estarán orientados al cumplimiento de los programas y metas institucionales.

Artículo 16º
Corresponde a los órganos de gestión, a través de la oficina de recursos humanos, la presentación de los planes de personal ante el Ministerio de

Planificación y Desarrollo en la oportunidad que éste señale, de conformidad con la normativa presupuestaria, así como acatar las modificaciones que le sean prescritas por este último órgano.

Artículo 17º
El Ministerio de Planificación y Desarrollo aprobará los planes de personal, los cuales serán integrados al Proyecto de Ley de Presupuesto que presente el Ejecutivo Nacional ante la Asamblea Nacional.
En caso de que dichos planes requieran algún tipo de modificación en el transcurso del ejercicio fiscal correspondiente, los órganos o entes de la Administración Pública Nacional deberán someter dichas modificaciones, debidamente motivadas, a la consideración y aprobación conjunta del Ministerio de Planificación y Desarrollo y del Ministerio de Finanzas.

Artículo 19º
Para ejercer un cargo de los regulados por este Decreto Ley, los aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
Ser venezolano.
Ser mayor de dieciocho años de edad.
Tener título de educación media diversificada.
No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política.
No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo
para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha
jubilación o pensión. Se exceptúan de éste requisito la jubilación o pensión
proveniente del desempeño de cargos compatibles.
Reunir los requisitos correspondientes al cargo.
Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en este Decreto Ley y su
Reglamento, si fuere el caso.
Presentar declaración jurada de bienes.
Los demás requisitos que establezcan las leyes.

Artículo 20º
Los funcionarios públicos, antes de tomar posesión de sus cargos deberán prestar
juramento de cumplir la Constitución, las leyes de la República y
los deberes inherentes al cargo.
El juramento se prestará de conformidad con lo establecido por el Reglamento de
este Decreto Ley.

Artículo 21º
Los funcionarios de la Administración Pública Nacional son de carrera o de libre
nombramiento y remoción.
Son funcionarios de carrera quienes habiendo ganado el concurso público y, en
virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y con carácter permanente.
Son funcionarios de libre nombramiento y remoción aquellos que son nombrados y
removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en
este Decreto Ley y su Reglamento.
Los funcionarios de libre nombramiento y remoción pueden ocupar cargos de alto
nivel o de confianza.
Los cargos de alto nivel son los siguientes:
El Vicepresidente Ejecutivo.
Los Ministros.
Los Jefes de las Oficinas Nacionales o sus equivalentes.
Los Comisionados Presidenciales.
Los Viceministros.
Los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de similar jerarquía al
servicio de la Presidencia de la República, Vicepresidencia Ejecutiva y Ministerios.
Los miembros de las juntas directivas de los institutos autónomos.
Los Directores Generales, Directores y demás funcionarios de similar jerarquía de
los institutos autónomos.
Los registradores y notarios.
Las máximas autoridades de los entes u órganos que se crearen
Los cargos de confianza son aquellos cuyas funciones requieren un alto grado de
confidencialidad en los despachos de las máximas autoridades de la
Administración Pública Nacional, de los Viceministros, de los Directores Generales
y de los Directores o sus equivalentes. También se consideran cargos de
confianza todos los que se presten en los organismos de seguridad del Estado y
aquellos cuyas funciones comprendan principalmente actividades de fiscalización
e inspección, en especial, de rentas y aduanas, control de extranjeros y fronteras,
sin perjuicio de lo establecido en sus respectivas leyes.

Artículo 23º
Los funcionarios públicos tienen derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al cargo que desempeñen, de conformidad con lo establecido en este Decreto Ley y sus reglamentos.

Artículo 24º
Los funcionarios sujetos al presente Decreto Ley tienen derecho a disfrutar de una

vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios; de dieciocho días hábiles durante el segundo; de veintiún días hábiles durante el tercero, y de veinticinco días hábiles, a partir del décimo sexto año de servicio. Asimismo de una bonificación anual que no podrá ser menor de 15 días de sueldo.

Artículo 25º
Los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional tienen derecho a disfrutar, por cada año calendario de servicio activo, una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de quince días de sueldo, sin perjuicio de que pueda aumentarse.

Artículo 26º
Los funcionarios tienen derecho a los permisos y licencias que se establezcan en los reglamentos de este Decreto Ley, los cuales pueden ser con goce de sueldo o sin él, y de carácter obligatorio o potestativo.

Artículo 27º
Los funcionarios públicos tienen derecho a obtener el beneficio de la jubilación por límite de edad y años de servicios, de conformidad con la ley.

Artículo 28º
Después del tercer mes ininterrumpido de servicios, el funcionario tendrá derecho
a una prestación de antigüedad equivalente a cinco días de sueldo por cada mes.
Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis meses, la
Administración Pública Nacional pagará al funcionario adicionalmente dos días de
sueldo, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos
hasta treinta días de sueldo.
La prestación de antigüedad, atendiendo a la voluntad del funcionario, requerida
previamente por escrito, se depositará y liquidará mensualmente, en forma
definitiva en un fideicomiso individual, en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad
o se mantendrá en el presupuesto de gastos de la respectiva entidad oficial. Lo
depositado o liquidado mensualmente se pagará al término de la prestación de
servicio y devengará intereses según las siguientes opciones:
1. Al rendimiento que produzcan los fideicomisos o los Fondos de Prestaciones de
Antigüedad, según sea el caso y en ausencia de éstos o hasta que los mismos se
crearen, a la tasa del mercado si fuere en una entidad financiera.
A la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como
referencia a los seis principales bancos comerciales y universales del país; si el
funcionario hubiese requerido que los depósitos se efectuasen en un fideicomiso
individual o en un Fondo de Prestaciones de Antigüedad o en una entidad
financiera, y el órgano o ente no cumpliera con lo solicitado.
3. A la tasa promedio entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central
de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales y
universales del país, si fuere con cargo al presupuesto de gastos del respectivo
órgano o ente.
El órgano o ente donde preste sus servicios el funcionario deberá informarle
anualmente, en forma detallada, el monto que le acreditó por concepto de

prestación de antigüedad.
La entidad financiera o el Fondo de Prestaciones de Antigüedad, según el caso,
entregará anualmente al funcionario los intereses generados por su prestación de
antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al funcionario el
monto del capital y los intereses.
Los intereses están exentos del Impuesto sobre la Renta, serán acreditados o
depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que
el funcionario, mediante manifestación escrita, decidiere capitalizarlos.

Artículo 29º
Cuando se produzca el retiro del funcionario de la Administración Pública Nacional, por cualquiera de las causas previstas en la presente Ley, tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a:

1. Quince días de sueldo cuando la antigüedad excediere de tres meses y no fuere mayor de seis meses o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.
2. Cuarenta y cinco días de sueldo si la antigüedad excediere de seis meses y no fuere mayor de un año o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.
3. Sesenta días de sueldo, después del primer año de antigüedad o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente, siempre que hubiere prestado, por lo menos, seis meses de servicio, durante el año en el cual cese la prestación del servicio.

1. La construcción, adquisición, mejora o reparación de vivienda para él y su familia.
2. La liberación de hipoteca o de cualquier otro gravamen sobre la vivienda de su propiedad.
3. Las pensiones escolares para él, su cónyuge, hijos o con quien haga vida marital.
4. Los gastos por atención médica y hospitalaria de las personas indicadas en el numeral anterior.

1. Los hijos menores de dieciocho años, o mayores cuando padezcan de defectos físicos permanentes que los incapaciten para ganarse la vida.
2. La viuda o el viudo que no hubiere solicitado u obtenido la separación de cuerpos, o la concubina o el concubino que hubiere vivido en concubinato con el difunto hasta su fallecimiento. Los ascendientes que hubieren estado a cargo del difunto para la época de la

Artículo 32º
La prestación de antigüedad como derecho adquirido, será calculada con base en el sueldo inicial devengado en el mes al que corresponda lo acreditado o depositado, incluyendo las compensaciones por servicio eficiente y antigüedad y las demás asignaciones que puedan evaluarse en efectivo y correspondan a la prestación del servicio del funcionario independientemente de su denominación. A los efectos de el presente Decreto Ley, el bono vacacional y la bonificación de fin de año serán considerados asignaciones vinculadas a la prestación de servicio.

Artículo 33º
La funcionaria en estado de gravidez tendrá derecho a un descanso durante seis
semanas antes del parto y doce semanas después del parto.
Cuando la funcionaria no haga uso de todo el descanso prenatal por autorización
médica o porque el parto sobrevenga antes de la fecha prevista, o por cualquier
otra circunstancia, el tiempo no utilizado se acumulará al período de descanso
postnatal.
Cuando el parto sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso prenatal se
prolongará hasta la fecha del parto y la duración del descanso postnatal no podrá
ser reducida.

Artículo 34º
La funcionaria de libre nombramiento y remoción que se encuentre en estado de gravidez podrá ser retirada en cualquier momento del servicio, previo el pago de una indemnización equivalente a seis meses de sueldo.

Artículo 35º
Si la funcionaria tiene vencido el lapso de vacaciones y decide hacer uso del
mismo inmediatamente después del permiso postnatal, le debe ser concedido este
derecho.

Capítulo III. Derechos Exclusivos de los Funcionarios de Carrera

Artículo 36º
Los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera gozan de estabilidad en
el desempeño de sus cargos. En consecuencia, sólo podrán ser retirados del
servicio por las causales contempladas en el presente Decreto Ley.
Los funcionarios de carrera que sean retirados por una causal distinta a la
destitución tendrán derecho a una bonificación equivalente a un mes de sueldo y
egresarán inmediatamente del servicio.

Artículo 37º
Los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera tienen derecho al
ascenso en los términos previstos en este Decreto Ley y sus reglamentos.

Artículo 38º
Los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera tienen el derecho a organizarse sindicalmente, a la solución pacífica de sus conflictos, a la convención colectiva y a la huelga, de conformidad con el presente Decreto Ley.

Artículo 40º
Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes y los reglamentos, se prohíbe a los
funcionarios públicos:
Celebrar contratos por sí, por personas interpuestas o en representación de otro,
con la República, los Estados, los Municipios y demás personas jurídicas de
derecho público o de derecho privado estatales, salvo las excepciones que
establezcan las leyes.
Realizar propaganda, coacción política u ostentar distintivos que los acrediten
como miembros de un partido político, todo ello en el ejercicio de sus funciones.
Intervenir directa o indirectamente en las gestiones que realicen personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pretendan celebrar cualquier
contrato con la República, los Estados, los Municipios y demás personas jurídicas
de derecho público o de derecho privado estatales.
Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin que preceda
la correspondiente autorización de la Asamblea Nacional.
Realizar cualquier acción o incurrir en omisiones que contribuyan a interrumpir,
obstaculizar o impedir la prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las
potestades públicas.

Artículo 41º
Toda persona que conozca alguna causal por la cual deba inhibirse un funcionario público podrá recusarlo ante su superior jerárquico, quien decidirá si procede o no la recusación planteada dentro de los cinco días hábiles siguientes. En caso de proceder la recusación, el superior jerárquico pasará el asunto a otro funcionario o funcionaria competente y en caso contrario, declarará improcedente la solicitud. La recusación también podrá interponerse en el expediente administrativo respectivo. En este caso, el funcionario o funcionaria instructor deberá hacer del conocimiento de su superior jerárquico la recusación solicitada para que éste la decida.

remunerado. El ejercicio de un cargo público es incompatible con el desempeño de otro cargo, profesión o actividad que menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes del funcionario, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al titular.

Artículo 43º
El ejercicio de los cargos académicos, accidentales, asistenciales y docentes,
declarados por la ley compatibles con el ejercicio de un destino público
remunerado, se hará sin menoscabo del cumplimiento de los deberes inherentes a
éste.

Artículo 45º
El régimen aplicable al personal contratado es aquél previsto en el respectivo
contrato. Subsidiariamente se aplicará la legislación laboral.

Artículo 46º
Se prohíbe la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a
los cargos previstos en el presente Decreto Ley.

Artículo 47º
En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la función
pública.

Artículo 49º
Corresponde a las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional la realización de los concursos públicos para el ingreso de los funcionarios.

Artículo 50º
Las oficinas de recursos humanos de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional llevarán los registros de elegibles a los cuales se les dará la mayor publicidad, de conformidad con lo establecido en los reglamentos de el presente Decreto Ley.

Artículo 51º
La persona seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba. Su desempeño será evaluado dentro de un lapso que no exceda los seis meses. Superado el período de prueba se procederá al ingreso como funcionario de carrera al cargo para el cual concursó. De no superar el periodo de prueba el nombramiento será revocado.

Artículo 52º
Una vez adquirida la condición jurídica de funcionario de carrera, ésta no se
extingue sino en el único caso en que el funcionario sea destituido.

Artículo 53º
La Administración Pública podrá realizar concursos para seleccionar a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Los resultados de los concursos para estos cargos no tienen carácter vinculante.

Artículo 54º
El ascenso se hará con base en un sistema de méritos que contemple la trayectoria, conocimientos y demás aspectos relevantes. Los reglamentos de el presente Decreto Ley establecerán las normas relativas a los ascensos.

Artículo 56º
Los cargos sustancialmente similares en cuanto al objeto de la prestación de servicio a nivel de complejidad, dificultad, deberes y responsabilidades y cuyo ejercicio exija los mismos requisitos mínimos generales, se agrupan en clases bajo una misma denominación y grado común en las escalas generales de sueldos.

Artículo 57º
Las clases de cargos sustancialmente similares en cuanto al objeto de la prestación de servicio, pero diferentes en niveles de complejidad de los deberes y responsabilidades, se agrupan en series en orden ascendente.

Artículo 58º
El sistema de clasificación de cargos comprende el agrupamiento de éstos en
clases definidas. Cada clase deberá ser descrita mediante una especificación
oficial que incluirá lo siguiente:
Denominación, código y grado en la escala general de sueldos.
Descripción a título enunciativo de las atribuciones y deberes generales inherentes
a la clase de cargo, la cual no eximirá del cumplimiento de las tareas específicas
que a cada cargo atribuya la ley o autoridad competente.
Indicación de los requisitos mínimos generales para el desempeño de la clase de
cargo, la cual no eximirá del cumplimiento de otros señalados por la ley o
autoridad competente.
Cualesquiera otros que determinen los reglamentos respectivos.

Artículo 59º
Las denominaciones de clases de cargos, así como su ordenación, y la indicación de aquellos que sean de carrera, serán aprobadas por el Presidente de la República mediante Decreto. Las denominaciones aprobadas serán de uso obligatorio en la Ley de Presupuesto y en los demás actos y documentos oficiales, sin perjuicio del uso de la terminología empleada para designar, en la respectiva jerarquía, los cargos de jefatura o de carácter supervisorio.

Artículo 60º
Los órganos o entes de la Administración Pública Nacional podrán proponer al Ministerio de Planificación y Desarrollo los cambios o modificaciones que estimen conveniente introducir en el sistema de clasificación de cargos.

Artículo 61º
La especificación oficial de las clases de cargos se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con la denominación de Manual Descriptivo de Clases de Cargos. Igualmente se registrarán y publicarán sus modificaciones.

Artículo 62º
Los cargos de alto nivel y de confianza quedarán expresamente indicados en los
respectivos reglamentos orgánicos de los órganos o entes de la Administración
Pública Nacional.
Los perfiles que se requieran para ocupar los cargos de alto nivel se establecerán
en el Reglamento del presente Decreto Ley.

Artículo 64º
Los sistemas de remuneraciones que deberá aprobar mediante decreto el Presidente de la República, previo informe favorable del Ministerio de Planificación y Desarrollo, establecerán las normas para la fijación, administración y pago de sueldos iniciales; aumentos por servicios eficientes y antigüedad dentro de la escala; viáticos y otros beneficios y asignaciones que por razones de servicio deban otorgarse a los funcionarios. El sistema comprenderá también normas relativas al pago de acuerdo con horarios de trabajo, días feriados, vacaciones, licencias con o sin goce de sueldo y trabajo a tiempo parcial.

Artículo 65º
Las escalas del sistema de remuneraciones podrán ser rebajadas provisionalmente, previa autorización de la Asamblea Nacional, cuando hayan circunstancias especiales de carácter económico o financiero así lo exijan, pero deben ser restituidas tan pronto cesen tales circunstancias.

Artículo 66º
Las escalas de sueldos de los funcionarios de alto nivel serán aprobadas en la misma oportunidad en que se aprueben las escalas generales, tomando en consideración el nivel jerárquico de los mismos.

Artículo 68º
La evaluación puede ser ordinaria o extraordinaria.
La evaluación ordinaria debe ser realizada dos veces por año sobre la base de los
registros continuos de actuación que debe llevar cada supervisor.
La evaluación extraordinaria tendrá lugar cuando el órgano de gestión así lo
considere necesario.
En el proceso de evaluación, sea ordinario o extraordinario, el funcionario deberá
conocer los objetivos del desempeño a evaluar, los cuales serán acordes con las
funciones inherentes al cargo.

Artículo 69º
El Ministerio de Planificación y Desarrollo establecerá los instrumentos de evaluación en el servicio, los cuales deberán satisfacer los requisitos de objetividad, imparcialidad e integridad de la evaluación.

Artículo 70º
La evaluación de los funcionarios públicos es obligatoria y su incumplimiento por parte del supervisor a quien corresponda será sancionada conforme a las previsiones de este Decreto Ley.

Artículo 71º
Con base en los resultados de la evaluación, la oficina de recursos humanos propondrá los planes de capacitación y desarrollo del funcionario, incentivos, licencias y permanencia del funcionario en el servicio, de conformidad con el presente Decreto Ley y sus reglamentos.

Artículo 72º
Los resultados de la evaluación deben ser notificados al evaluado, quien podrá solicitar por escrito la reconsideración de la misma dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación.

Artículo 74º
El Ministerio de Planificación y Desarrollo diseñará, impulsará, evaluará y efectuará el seguimiento de las políticas de formación, capacitación y desarrollo del personal al servicio de la Administración Pública Nacional, y será responsable de la coordinación, vigilancia y control de los programas de los distintos órganos y

entes con el fin de garantizar el cumplimiento de dichas políticas.

Artículo 75º
Los programas de formación, capacitación y desarrollo pueden ser ejecutados directamente por los órganos o entes de la Administración Pública Nacional, o podrá recurrirse a la contratación de profesionales o instituciones acreditadas. El Ministerio de Planificación y Desarrollo velará por la calidad de los programas y propondrá los correctivos o mejoras que sean necesarios.

Artículo 77º
La Escuela tendrá como misión contribuir activamente a la profesionalización de la gestión pública superior del estado venezolano, y al desarrollo de las capacidades gerenciales de los niveles directivos y medios del mismo. Para ello, debe identificar necesidades de capacitación; diseñar programas para satisfacerlas al más alto nivel técnico; investigar las mejores prácticas nacionales para incorporarlas a la enseñanza, produciendo casos, juegos de simulación y otros materiales de enseñanza, y aprovechar desarrollos y experiencias internacionales que pudieran ser útiles para el país.
Los gerentes públicos en todos sus niveles deberán propiciar el trabajo en equipo, la participación democrática de los funcionarios y la profesionalización de la función pública.

Artículo 78º
Corresponderán a la Escuela Nacional de Gerencia Pública las siguientes
atribuciones, de conformidad con las políticas de desarrollo gerencial que
establezca el Ministerio de Planificación y Desarrollo:
Planificar, ejecutar, coordinar, promover políticas y programas de formación y
capacitación del personal gerencial de nivel alto y medio, de los órganos y entes
que integran la Administración Pública.
Promover y realizar programas de investigación acordes con el desarrollo de las
capacidades gerenciales del sector público.
Realizar actividades de cooperación técnica en el campo de la gerencia pública
para beneficio de los órganos y entes que integran la Administración Pública
Nacional y con las administraciones estatales y municipales que las soliciten.
Producir y apoyar la producción de casos, juegos de simulación, programas para
educación a distancia, documentos técnicos, y otros materiales de enseñanza que
puedan ser útiles para el continuo perfeccionamiento de los programas de

formación de gerentes públicos.
Contribuir a la formación de recursos docentes especializados en gerencia pública.
Evaluar y validar los programas y las actividades de formación y capacitación de
gerentes públicos que realicen instituciones nacionales no universitarias que
tengan financiamiento total o parcial provenientes de transferencias fiscales. La
evaluación efectuada será determinante para la autorización de transferencias
para el próximo ejercicio fiscal.
Promover la creación de una red nacional de centros docentes y de investigación
públicos y privados, dirigida a apoyar el desarrollo de las capacidades gerenciales
del Estado venezolano.
Promover la eficacia, la eficiencia, la probidad, la transparencia, el compromiso de
servicio, la acción sistemática a favor del desarrollo económico y social, y la
equidad, en el ejercicio de la gerencia pública.
Promover y apoyar la profesionalización gerencial del sector público que sirva de
base a los desarrollos que se produzcan en este campo.
Fortalecer las capacidades de planificación y gestión del estado, orientada a una
administración eficiente y eficaz.
Apoyar los procesos de planificación, formulación y seguimiento de las políticas
públicas a través de las actividades de capacitación, asistencia técnica,
investigación e información, dirigidos a los organismos responsables de la política.
Propiciar el desarrollo de una cultura en los organismos públicos centrada en
valores y actitudes para desarrollar una gestión transparente, orientada a
resultados y de servicio al ciudadano.
Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 79º
Los programas formativos desarrollados en la Escuela Nacional de Gerencia Pública constituirán parte de las carreras públicas de los funcionarios altos y medios de la Administración Pública Nacional, en conformidad con los reglamentos de el presente Decreto Ley.

Artículo 80º
La Escuela Nacional de Gerencia Pública tendrá la facultad de emitir certificaciones y diplomas que acrediten el cumplimiento de sus programas, los cuales se tomarán en cuenta para las respectivas carreras en la Administración Pública Nacional.

Artículo 81º
La Escuela Nacional de Gerencia Pública podrá tomar en consideración las certificaciones y diplomas que emitan las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, a los fines del desarrollo supervisorio y gerencial de los funcionarios públicos.

Artículo 82º
La Escuela Nacional de Gerencia Pública propiciará la creación de premios nacionales de gerencia pública, de conformidad con los reglamentos del presente Decreto Ley.

Artículo 84º
La jornada de servicio diurna de los funcionarios públicos no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales. La jornada de servicio nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco horas semanales.

Artículo 85º
El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Planificación y Desarrollo, por circunstancias que así lo exijan y que serán señaladas en la Resolución respectiva, podrá modificar los horarios en la Administración Pública Nacional.

Artículo 86º
Cuando los funcionarios públicos, previa solicitud de la autoridad correspondiente, presten servicios fuera de los horarios establecidos en los órganos o entes de la Administración Pública Nacional, ésta por intermedio de sus órganos de gestión, podrá establecer incentivos como compensación por las horas extras trabajadas.

Capítulo VIII. Situaciones Administrativas de los Funcionarios

Artículo 87º
Se considera en servicio activo al funcionario que ejerza el cargo o se encuentre
en comisión de servicio, traslado, suspensión con goce de sueldo, permiso o
licencia.

Artículo 88º
La comisión de servicio es la situación administrativa de carácter temporal por la
cual se encomienda a un funcionario el ejercicio de un cargo diferente, de igual o
superior nivel del cual es titular, para el cual reúna los requisitos exigidos.
La comisión de servicio podrá ser realizada en el mismo órgano o ente donde
presta servicio o en otro de la Administración Pública Nacional. Si el cargo que se
ejerce en comisión de servicio tuviere mayor remuneración, el funcionario tendrá
derecho al cobro de la diferencia, así como a los viáticos y remuneraciones que
fueren procedentes.

Artículo 89º
Las comisiones de servicio son de obligatoria aceptación y deben ser ordenadas por el lapso estrictamente necesario, el cual no podrá exceder de tres años, a partir del acto de notificación de la misma.

Artículo 90º
Por razones de servicios, los funcionarios de carrera podrán ser trasladados
dentro de la misma localidad de un cargo a otro de la misma clase, siempre que

no se disminuya su sueldo básico y los complementos que le puedan corresponder. Cuando se trate de traslado de una localidad a otra, éste deberá realizarse de mutuo acuerdo con las excepciones que por necesidades de servicio determinen los reglamentos.

Artículo 91º
Los funcionarios de carrera podrán ser transferidos cuando tenga lugar la descentralización de las actividades a cargo del órgano o ente donde presten sus servicios. En tales casos deberá levantarse un Acta de Transferencia.

Artículo 92º
El pasivo laboral causado hasta la fecha de la transferencia será pagado al órgano
receptor para que éste, a su vez, lo cancele al funcionario como parte de las
cantidades que puedan corresponderle en el momento de su retiro.
El organismo receptor, queda obligado a administrar el monto transferido y
cancelará la cantidad total de los pasivos laborales acumulados hasta el momento
en que finalice la relación de prestación de servicio del funcionario en la
Administración Pública.

Artículo 93º
El Acta de Transferencia de Personal debe contener, en detalle, los datos del personal transferido. La elaboración de la misma corresponde al órgano que realiza la transferencia. En ningún caso se podrá transferir personal sin el levantamiento del Acta correspondiente.

Artículo 94º
El Acta de Transferencia de Personal deberá estar suscrita por las máximas
autoridades de los organismos involucrados y es requisito indispensable para la
obtención de los recursos financieros transferidos.
Los reglamentos de el presente Decreto Ley establecerán los demás requisitos
que deba contener el Acta de Transferencia de Personal.
La fecha de transferencia del personal que determine el Acta correspondiente no
podrá quedar supeditada a condiciones resolutorias o suspensivas que
comprometan el patrimonio de la República. Tampoco podrán establecer
condiciones que comprometan el funcionamiento del servicio.

Artículo 95º
El funcionario que cumpla con los requisitos para el disfrute de la jubilación o de
una pensión por invalidez no podrá ser transferido.

Artículo 96º
El funcionario de carrera que sea nombrado para ocupar un cargo de alto nivel tiene el derecho a su reincorporación en un cargo de carrera del mismo nivel al que tenía en el momento de separarse del mismo, si hubieren cargos vacantes.

Artículo 97º
Los funcionarios públicos tendrán derecho a los permisos y licencias previstos en

el presente Decreto Ley y sus Reglamentos.

Titulo VI. Responsabilidades y Régimen Disciplinario

Artículo 100º
Los funcionarios que renuncien, disminuyan o comprometan sus competencias de dirección o gestión de la función pública mediante convenciones colectivas de trabajo o decisiones administrativas, serán responsables de los perjuicios causados a la República por responsabilidad administrativa, civil y penal, de conformidad con las leyes de la República.

Artículo 101º
Corresponde al Ministerio Público intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios públicos con motivo del ejercicio de sus

funciones, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 285 de la Constitución. Sin embargo, ello no menoscaba el ejercicio de los derechos y acciones que correspondan a los particulares o a otros funcionarios, de conformidad con las leyes.

Artículo 103º
Son causales de amonestación escrita:
Negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo.
Perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la República,
siempre que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución.
Falta de atención debida al público.
Falta de respeto y consideración debida a los superiores, subalternos o
compañeros.
Inasistencia injustificada al trabajo durante dos días hábiles dentro de un lapso de
treinta días continuos.
Realizar campaña o propaganda de tipo político o proselitista, así como solicitar o
recibir dinero u otros bienes para los mismos fines, en los lugares de trabajo.
Recomendar a personas determinadas para obtener beneficios o ventajas en la
función pública.
La amonestación escrita la hará el supervisor inmediato. El funcionario que
imponga la sanción notificará por escrito al sancionado, indicándole el recurso que
pudiere intentar contra el acto y la autoridad que deba conocer de dicho recurso.
Se enviará copia a la oficina de recursos humanos respectiva.
Contra la amonestación escrita el funcionario podrá interponer, con carácter
facultativo, recurso jerárquico, sin necesidad del ejercicio previo del recurso de
reconsideración, para ante la máxima autoridad del órgano o ente de la
Administración Pública Nacional dentro del plazo de quince días hábiles contados
a partir de la fecha de su notificación. La máxima autoridad deberá decidir el
recurso dentro del término de treinta días hábiles siguientes a su recepción. El
vencimiento del término sin que la máxima autoridad se haya pronunciado sobre el
recurso jerárquico interpuesto se considerará como silencio negativo y el
interesado podrá ejercer ante el Tribunal competente el recurso contencioso
administrativo en materia de función pública.

Artículo 104º
Son causales de destitución:

1. Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en el transcurso de seis meses.
2. El incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo o funciones

1. La desobediencia a las órdenes o instrucciones del supervisor inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias referidas a tareas o funciones del funcionario, salvo que constituyan una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal.
2. La participación en una huelga para cuya realización no se hubiesen cumplido los requisitos de ley.
3. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales que hayan sido establecidos en caso de huelga.
4. Falta de probidad, vías de hecho, injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los intereses del órgano o ente.
5. La arbitrariedad en el uso de autoridad que cause perjuicio a los subordinados o al servicio.
6. Perjuicio material severo causado intencionalmente o por negligencia manifiesta al patrimonio de la República.

1. Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro de un lapso de treinta días continuos.
2. Condena penal que implique privación de libertad, o auto de responsabilidad administrativa dictado por la Contraloría General de la República.
3. Solicitar o recibir dinero o cualquier otro beneficio, valiéndose de su condición de funcionario público.
4. Revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos de los cuales el funcionario público tenga conocimiento por su condición de funcionario.
5. Tener participación por sí o por interpuestas personas, en firmas o sociedades que estén relacionadas con el respectivo órgano o ente cuando estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo que se desempeña.
6. Haber recibido dos evaluaciones negativas consecutivas.

Artículo 106º
Las faltas de los funcionarios públicos sancionadas con la destitución prescribirán a los ocho meses a partir del momento en que el funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad tuvo conocimiento y no haya solicitado la apertura de la correspondiente averiguación administrativa.

1. El funcionario de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, solicitará a la oficina de recursos humanos la apertura de la averiguación a que hubiere lugar.
2. La oficina de recursos humanos instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos a ser formulados al funcionario investigado, si fuere el caso.

1. Una vez cumplido lo establecido en el numeral precedente, la oficina de recursos humanos notificará al funcionario investigado para que tenga acceso al expediente y ejerza su derecho a la defensa, dejando constancia de ello en el expediente. Si no pudiere hacerse la notificación personalmente, se entregará la misma en su residencia y se dejará constancia de la persona, día y hora en que la recibió, a tal efecto cuando el funcionario ingrese a la administración pública deberá indicar una sede o dirección en su domicilio, la cual subsistirá para todos los efectos legales ulteriores y en la que se practicarán todas las notificaciones o citaciones a que haya lugar. Si resultare impracticable la notificación en la forma señalada, se publicará un cartel en uno de los periódicos de mayor circulación de la localidad y después de transcurridos cinco días continuos, se dejará constancia del cartel en el expediente y se tendrá por notificado al funcionario.
2. En el quinto día hábil después de haber quedado notificado el funcionario, la oficina de recursos humanos le formulará los cargos a que hubiere lugar. En el lapso de tres días hábiles siguientes, el funcionario consignará su escrito de descargo.
3. El funcionario investigado, durante el lapso previo a la formulación de cargos y dentro del lapso para consignar su escrito de descargo, tendrá acceso al expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que fuesen necesarias a los fines de la preparación de su defensa, salvo aquellos documentos que puedan ser considerados como reservados.
4. Concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco días hábiles para que la Administración y el investigado promuevan y evacuen las pruebas que consideren conveniente.
5. Dentro de los dos días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas al funcionario, se remitirá el expediente a la Consultoría Jurídica o la unidad similar del órgano o ente, a fin de que opine sobre la procedencia o no de la destitución. A tal fin, la Consultoría Jurídica dispondrá de un lapso de diez días hábiles.

Artículo 109º
Si a un funcionario le ha sido dictado auto de detención, se le suspenderá del
ejercicio del cargo sin goce de sueldo.
La suspensión no podrá tener una duración mayor a seis meses. Al finalizar este
lapso sin que se haya producido sentencia absolutoria definitivamente firme, el
funcionario quedará retirado de la Administración Pública Nacional y así le será
notificado por la máxima autoridad del respectivo órgano o ente, en la forma
prevista en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
En caso de sentencia absolutoria con posterioridad al plazo previsto en el párrafo
anterior, la Administración podrá reincorporarlo a la función pública.

Artículo 111º
Para el ejercicio de la democracia sindical, los organización sindical de
funcionarios públicos que desempeñen cargos de carrera se regirán por el
principio de alternabilidad de los integrantes de las directivas y representantes,
mediante el sufragio universal, directo y secreto.
Los integrantes de las directivas de los organización sindical de funcionarios
públicos que desempeñen cargos de carrera están obligados a presentar
declaración jurada de patrimonio ante la Contraloría General de la República,
antes y después de haber ejercido la representación sindical, de conformidad con
la ley respectiva.

Artículo 112º
El Ministerio de Planificación y Desarrollo tendrá a su cargo el registro de los organización sindical de los funcionarios públicos que desempeñen cargos de carrera. Dicho registro estará a cargo de un funcionario que dará fe pública de los actos y documentos que le sean presentados.

Artículo 113º
En ningún caso las organizaciones sindicales de los funcionarios públicos que
desempeñen cargos de carrera podrán negociar convenciones colectivas de
trabajo o introducir pliegos conflictivos, cuando sus registros no estuvieren al día
ante el Ministerio de Planificación y Desarrollo.
El órgano o ente de la Administración Pública Nacional no podrá dar curso a
procedimiento alguno cuando constate la falta de actualización de los documentos
que deba presentarla organización sindical ante el Ministerio de Planificación y
Desarrollo.

Artículo 114º
Las autoridades administrativas de los órganos o entes de la Administración
Pública Nacional, no podrán interferir en los asuntos que competan a las
organizaciones sindicales y, en tal sentido, no podrán:
Inmiscuirse en los procesos electorales o en la toma de sus decisiones.
Prohibir la afiliación o la renuncia de los funcionarios a las organizaciones
sindicales.
Descontar a los funcionarios las cuotas que correspondan a la organización
sindical por cualquier concepto.
Prestar las instalaciones del organismo para el establecimiento de la sede de la
organización sindical.

Artículo 116º
El Presidente de la República, en Consejo de Ministros, establecerá los criterios técnicos y financieros, de obligatorio cumplimiento por quienes representen en las negociaciones colectivas a los órganos o entes indicados en el artículo anterior.

Artículo 117º
La organización sindical que represente a la mayoría de los funcionarios públicos de carrera del organismo que pretenda negociar una convención colectiva, presentará por ante el órgano o ente de la Administración Pública Nacional el respectivo proyecto de convención.

Artículo 118º
A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos se constituirá una comisión que estará integrada por un representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo, quien la presidirá, tres representantes del órgano o ente respectivo; tres representantes de la organización sindical. A dicha Comisión se incorporará un representante de la Procuraduría General de la República, con el

carácter de asesor.

Artículo 119º
Recibido el proyecto de convención colectiva en el órgano o ente de la Administración Pública Nacional, éste realizará un estudio económico comparativo de costos entre las condiciones de trabajo vigentes y las que resulten del proyecto de convención colectiva, el cual debe estar concluido en un lapso no mayor de treinta días continuos contados a partir de la presentación del proyecto de convención colectiva y, al vencimiento de este término, designará tres representantes. para actuar en nombre del órgano o ente respectivo en la negociación colectiva.

Artículo 120º
El órgano o ente de la Administración Pública Nacional remitirá el estudio económico realizado al Ministerio de Finanzas, el cual deberá rendir un informe, en un lapso no mayor de treinta días continuos contados a partir de su recepción. En dicho informe se establecerá si existe disponibilidad presupuestaria y si el estudio se corresponde con los lineamientos técnicos establecidos por el Presidente de la República.

Artículo 121º
Una vez que sea remitido el informe económico por el Ministerio de Finanzas al órgano o ente de la Administración Pública Nacional, éste informará lo conducente al Ministerio de Planificación y Desarrollo, a fin de que fije la oportunidad para el inicio de las negociaciones, las cuales no excederán de un plazo de ciento ochenta días continuos, sin perjuicio de la potestad que le asiste de prorrogarlo hasta por noventa días continuos.

Artículo 122º
Una vez terminadas las negociaciones, en un lapso no mayor de quince días continuos, el órgano o ente empleador realizará un estudio económico comparativo de los acuerdos alcanzados, el cual será remitido al Ministerio de Finanzas, para determinar la disponibilidad presupuestaria. En caso de que el Ministerio de Finanzas determine que el órgano o ente empleador no puede asumir tales compromisos, deberá pronunciarse sobre los ajustes necesarios y devolverle el texto del acuerdo, a fin de que renegocie los ajustes.

Artículo 123º
El órgano o ente empleador no podrá suscribir la convención colectiva hasta tanto disponga del informe emitido por el Ministerio de Finanzas, donde conste que los compromisos que se pretenden asumir no exceden los límites técnicos y financieros establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Artículo 124º
El Órgano o ente empleador y la organización sindical no podrán suscribir una convención colectiva contentiva de compromisos de índole laboral que exceda los límites técnicos y financieros establecidos por el Ejecutivo Nacional. Las

convenciones firmadas en contravención de ésta disposición serán nulas. Asimismo los sindicatos no podrán ejercer el derecho a huelga cuando el mismo tenga por objeto lograr las suscripción de la .convención colectiva contraviniendo las previsiones del presente Decreto ley.

Artículo 125º
El incumplimiento por parte de los representantes de los órganos o entes
empleadores, de los criterios técnicos y financieros fijados por el Presidente de la
República y de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Finanzas, así
como de las demás disposiciones consagradas en el presente Decreto Ley y sus
reglamentos, dará lugar a responsabilidad administrativa, penal y civil, según el
caso.

Artículo 127º
Si la organización sindical hubiere acordado con las máximas autoridades de los órganos o entes o sus representantes procedimientos previos con miras a la solución de las diferencias que surjan entre ellos, deberán cumplirlos antes de la iniciación del proceso conflictivo.

Artículo 128º
Al tener conocimiento de que está planteada o por plantearse una diferencia de naturaleza contractual, las máximas autoridades de los órganos o entes de la Administración Pública Nacional abrirán una etapa de negociaciones con la organización sindical respectiva. La Procuraduría General de la República deberá ser notificada y deberá participar en ellas, por medio de un representante, cuando el posible conflicto pueda afectar la marcha de los servicios públicos.

Artículo 129º
El procedimiento conflictivo comenzará con la presentación de un pliego de peticiones ante el Ministro de Planificación y Desarrollo, en el cual la organización sindical expondrá sus planteamientos para que aquél tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo, para que se celebre una convención colectiva o se dé cumplimiento a la que se tiene pactada.

Artículo 130º
Una vez presentado el pliego contentivo de uno o más planteamientos, durante la discusión del mismo y hasta su definitiva conclusión, la organización sindical presentante no podrá hacer nuevos planteamientos y reclamos, salvo que se trate de hechos ocurridos con posterioridad a la presentación del pliego.

Artículo 131º
En el día hábil siguiente a la presentación del pliego conflictivo, el Ministerio de
Planificación y Desarrollo deberá verificar:
El cumplimiento de los requisitos que deben observar las solicitudes presentadas,
de conformidad con la ley y los reglamentos.
Que su objeto atienda a lo dispuesto en el artículo 134 de el presente Decreto Ley.
La presentación del acta auténtica donde conste la celebración de la Asamblea
que acordó la introducción del pliego conflictivo.
Que se hubieren agotado los procedimientos conciliatorios legales o
convencionales.

Artículo 132º
Si el Ministerio de Planificación y Desarrollo observare el incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede, lo hará constar por acto motivado que agregará el mismo día al expediente respectivo, en cuyo caso se entenderá que estando a derecho la organización sindical presentante, no será menester proceder a su notificación.

Artículo 133º
Si el Ministerio de Planificación y Desarrollo se hubiese pronunciado sobre el
incumplimiento de los requisitos del pliego conflictivo, la organización sindical
presentante deberá subsanar los errores u omisiones dentro de las veinticuatro
horas siguientes al vencimiento del lapso previsto en el artículo 136 de el presente
Decreto Ley.
Si el Ministerio de Planificación y Desarrollo desestimare la subsanación, deberá
decidirlo así de inmediato por acto motivado. En este supuesto, la organización
sindical podrá corregir de nuevo los errores u omisiones dentro de las veinticuatro
horas siguientes.
Si la organización sindical subsanare los errores u omisiones, el Ministerio de
Planificación y Desarrollo ordenará la instalación de la Junta de Conciliación
dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Artículo 134º
Si el Ministerio de Planificación y Desarrollo no tuviere observaciones acerca del
incumplimiento de los requisitos del pliego conflictivo, dentro de las veinticuatro
horas siguientes al recibo del pliego de peticiones, deberá comunicarlo al órgano o
ente empleador y a la organización sindical correspondiente, a fin de que, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, se proceda a constituir la Junta de
Conciliación.

Artículo 135º
La Junta de Conciliación estará integrada por dos funcionarios de alto nivel, con sus respectivos suplentes, del órgano o ente empleador; por dos representantes y sus respectivos suplentes que representarán a la organización sindical, y por un representante del Ministerio de Planificación y Desarrollo, quien la presidirá. Todos los integrantes de la Junta de Conciliación podrán estar acompañados por los asesores que designen.

Artículo 136º
Instalada la Junta de Conciliación, en la oportunidad establecida por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, ésta continuará reuniéndose hasta acordar una recomendación unánimemente aprobada, o hasta que decida que la conciliación es imposible, todo lo cual no podrá tener una duración superior a cinco días continuos.
La recomendación de la Junta de Conciliación o, en su defecto, el acta en que se deja constancia de que la conciliación ha sido imposible, pondrá fin a esta etapa del procedimiento.

Artículo 138º
Se entiende por huelga la suspensión colectiva de las labores por los funcionarios públicos interesados en un conflicto de trabajo.

Artículo 139º
Los funcionarios que desempeñen cargos de carrera al servicio de la Administración Pública Nacional ejercerán la huelga por intermedio de sus organizaciones sindicales.

Artículo 140º
Cuando la huelga afecte un servicio público esencial, se deberá asegurar la prestación de los servicios mínimos indispensables.
La no prestación de los servicios mínimos indispensables será causa para declarar la ilegalidad de la huelga y dará lugar a la destitución de los funcionarios públicos que desempeñen cargos de carrera que se negaren a prestarlos o impidieren el funcionamiento de dichos servicios.

Artículo 141º
A los efectos de este Decreto Ley, los servicios públicos esenciales son los siguientes: salud; sanidad e higiene pública; producción y distribución de agua potable; producción y distribución de energía eléctrica; producción y distribución de hidrocarburos y sus derivados; producción y distribución de gas y otros combustibles; producción y distribución de alimentos de primera necesidad; seguridad ciudadana; recolección y tratamiento de desechos urbanos; aduanas; administración de justicia; protección ambiental y de vigilancia de bienes culturales; transporte público; control del tráfico aéreo; seguridad social; educación; servicios de correos y telecomunicaciones; y servicios públicos informativos de la radio y la televisión, y las demás que prevea el Reglamento.

Artículo 142º
Cuando se plantee un conflicto colectivo que pudiese afectar la prestación de servicios públicos, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, decretará los servicios mínimos indispensables que deberán ser prestados en caso de huelga.

Artículo 143º
Los funcionarios públicos que desempeñen cargos de carrera quedarán relevados del deber de asistir a sus labores mientras dure la huelga, y los órganos y entes involucrados estarán relevados de la obligación de remunerarlos.

Título IX. Contencioso Administrativo en Materia de Función Pública

Artículo 144º
Corresponde a los tribunales competentes en materia de función pública conocer y
decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de el
presente Decreto Ley, en particular las siguientes:
Las reclamaciones que formulen los funcionarios o aspirantes a ingresar en la
función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de
los órganos o entes de la Administración Pública Nacional.
Las solicitudes de declaratoria de nulidad de las cláusulas de los convenios
colectivos.
Las solicitudes de declaratoria de inconformidad a derecho de las huelgas que
interrumpan u obstaculicen las actividades esenciales de los servicios públicos en
perjuicio de la población, que afecten el normal ejercicio de las potestades
públicas del Estado o que, en general, se consideren ilegales.

Artículo 145º
Todo recurso con fundamento en este Decreto Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un término de tres meses a contar del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él.

Artículo 146º
Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de el presente
Decreto Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo en
materia de función pública, el cual consiste en una querella escrita en la que el
interesado deberá indicar en forma breve, inteligible y precisa:
La identificación del accionante y de la parte accionada.
El acto administrativo, la cláusula de la convención colectiva cuya nulidad se
solicita o los aspectos relativos a la huelga, según corresponda.
Las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse
con la mayor claridad y alcance.
Las razones y fundamentos de la pretensión, explicados en forma concisa, y sin
poder explanarlos a través de consideraciones doctrinales. Los precedentes
jurisprudenciales podrán alegarse sólo si los mismos fueren claros y precisos y
aplicables con exactitud a la situación de hecho planteada. En ningún caso se

transcribirán literalmente los artículos de los textos normativos ni las sentencias en
su integridad.
Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los
cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán
producirse con la querella.
Lugar donde deberán practicarse las citaciones y notificaciones.
El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.
Cualesquiera otras circunstancias que, de acuerdo con la naturaleza de la
pretensión, sea necesario poner en conocimiento del Juez.
El contencioso administrativo previsto en este Título será gratuito, por lo que no se
empleará papel sellado ni estampillas para su tramitación.
Las querellas que se extiendan en consideraciones doctrinales y jurisprudenciales
que se presumen conocidas por el Juez; las que sean ininteligibles o repetitivas de
hechos o circunstancias; o que sean de tal modo extensas de forma que el Juez
evidenciare que por estas causas se podrá producir un retardo en la
administración de justicia, serán devueltas inmediatamente al accionante a los
fines de su reformulación.

Artículo 147º
La querella podrá ser consignada ante cualquier Juez de Primera Instancia o de Municipio, quien deberá remitirla dentro de los tres días de despacho siguientes a su recepción al Tribunal competente.

Artículo 148º
Al recibir la querella, dentro de los tres días de despacho siguientes, el Tribunal competente la admitirá si no estuviese incursa en alguna de las causales previstas para su inadmisión en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 149º
Admitida la querella, dentro de los dos días de despacho siguientes, el Tribunal
solicitará el expediente administrativo al Procurador General de la República o al
instituto autónomo. En esa misma oportunidad conminará a la parte accionada a
dar contestación a la querella dentro de un plazo de quince días de despacho a
partir de su citación, la cual podrá tener lugar por oficio con aviso de recibo o por
correo certificado.
A la citación el Juez deberá acompañar copia certificada de la querella y de todos
los anexos de la misma.
Citada la parte accionada conforme a lo dispuesto anteriormente, las partes se
entenderán a derecho, por lo cual no será necesario una nueva notificación para
los subsiguientes actos del proceso, salvo que así lo determine la ley.

Artículo 150º
A la contestación de la querella se le aplicarán las mismas disposiciones previstas para la querella, en cuanto fuere posible, pero en ningún caso la contestación de la querella se devolverá.

Artículo 151º
Todas las pretensiones de fondo de la parte accionante y las defensas de la

accionada serán resueltas en la sentencia definitiva.

Artículo 152º
Si la parte accionada fuere la República o un instituto autónomo, y su representante judicial no diere contestación a la querella dentro del plazo previsto, la misma se entenderá contradicha en todas sus partes.

Artículo 153º
Vencido el plazo de quince días de despacho para la contestación, haya tenido o
no lugar la misma, el Juez fijará uno de los cinco días de despacho siguientes y la
hora para que tenga lugar la audiencia preliminar.
Artículo 154º
En la audiencia preliminar el Juez pondrá de manifiesto a las partes los términos
en que, en su concepto, ha quedado trabada la litis. Las partes podrán formular
cualesquiera consideraciones al respecto, las cuales podrán ser acogidas por el
Juez. A su vez, éste podrá formular preguntas a las mismas a los fines de aclarar
situaciones dudosas en cuanto a los límites en que ha quedado trabada la
controversia.
En la misma audiencia, el Juez deberá llamar a las partes a conciliación,
ponderando con la mayor objetividad la situación procesal de cada una de ellas. El
Juez podrá, únicamente si le es solicitada la posibilidad de una conciliación, fijar
una nueva oportunidad para otra audiencia preliminar. En ningún caso la
intervención del Juez en esta audiencia podrá dar lugar a su inhibición o
recusación, pues se entenderá que obra en pro de una justicia expedita y eficaz.
De producirse la conciliación, se dará por concluido el proceso.

Artículo 155º
Dentro de los cinco días de despacho siguientes a la audiencia preliminar, sólo si alguna de las partes solicitó en esa oportunidad la apertura del lapso aprobatorio, las mismas deberán acompañar las que no requieren evacuación y promover aquellas que la requieran.

Artículo 156º
La evacuación de las pruebas tendrá lugar dentro de los diez días de despacho siguientes al vencimiento de lapso previsto en el artículo anterior más el término de distancia para las pruebas que hayan de evacuarse fuera de la sede del Tribunal, el cual se calculará a razón de un día por cada doscientos kilómetros o fracción, pero que no excederán de diez días consecutivos. El Juez solamente podrá comisionar para las pruebas que hayan de evacuarse fuera de la sede del Tribunal.

Artículo 157º
Vencido el lapso probatorio, el Juez fijará uno de los cinco días de despacho
siguientes para que tenga lugar la audiencia definitiva. La misma la declarará
abierta el Juez, quien la dirige. Al efecto, dispondrá de potestades disciplinarias
para asegurar el orden y la mejor celebración de la misma.
Las partes harán uso del derecho de palabra, con la mayor sobriedad, para

defender sus posiciones. El Juez podrá de nuevo interrogar a las partes sobre algún aspecto de la controversia y luego se retirará para estudiar su decisión definitiva, cuyo dispositivo será dictado en la audiencia definitiva, salvo que la complejidad del asunto exija que la misma sea dictada dentro de los cinco días de despacho siguientes a dicha audiencia.

Artículo 158º
Dentro de los diez días de despacho siguientes al vencimiento del lapso previsto
en el único aparte del artículo anterior, el Juez dictará sentencia escrita sin
narrativa y, menos aún, con transcripciones de actas o documentos, pero
precisando en forma clara, breve y concisa los extremos de la litis y los motivos de
hecho y de derecho de la decisión, pronunciándose expresamente sobre cada uno
de esos extremos y sin poder extender su fallo en consideraciones doctrinales o
citas jurisprudenciales.
En la sentencia, el Juez podrá declarar inadmisible el recurso por cualquiera de las
causales establecidas en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 159º
En cualquier estado del proceso el Juez podrá, a solicitud de las partes, dictar medidas cautelares si considerase que las mismas son necesarias para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, tomando en consideración las circunstancias del caso.

Artículo 160º
Contra las decisiones dictadas por los jueces superiores con competencia para conocer del recurso contencioso administrativo en materia de función pública, podrá interponerse apelación en el término de cinco días de despacho para ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 161º
En las materias no reguladas expresamente en este Título, se aplicará supletoriamente el procedimiento breve previsto en la ley que regula la jurisdicción contencioso administrativa y el Código de Procedimiento Civil, siempre que sus normas no resulten incompatibles con lo dispuesto en este Decreto Ley.

función pública, los actuales integrantes del Tribunal de la Carrera Administrativa pasarán a constituir los jueces superiores quinto, sexto y séptimo en lo contencioso administrativo de la Región Capital, con sede en Caracas.
Tercera
Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, el procedimiento a seguirse en segunda instancia será el previsto en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Cuarta
Los expedientes que cursen ante el Tribunal de la Carrera Administrativa serán distribuidos en un lapso máximo de sesenta días continuos, conforme a la competencia territorial a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de este Decreto Ley. Durante este lapso se entenderán paralizados los procesos.
Quinta
Los procesos en curso ante el Tribunal de la Carrera Administrativa se continuarán
sustanciando por los juzgados superiores de lo contencioso administrativo
conforme a el presente Decreto Ley.
Los procesos que se encuentren actualmente en estado de sentencia serán
decididos conforme a la norma sustantiva prevista en la Ley de Carrera
Administrativa.
Sexta
Con la finalidad de actualizar las condiciones y capacidad profesional de los funcionarios públicos los entes y órganos deben disponer de realización inmediata de la evaluación prevista en los artículos 67 y 68 del presente Decreto Ley.

Segunda
Corresponde al Ministerio de Planificación y Desarrollo, durante ese período, implementar lo conducente a los fines de la divulgación y explicación del presente Decreto Ley.

Dado en Caracas, a los trece días del mes de noviembre de dos mil uno. Año 191° de la Independencia y 142° de la Federación.

(LS)
Hugo Chávez Frías
Presidente

Refrendado
La Vicepresidenta Ejecutiva
(L.S.)
Adina Mercedes Bastidas Castillo

Refrendado
El Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores
(L.S.)
Arévalo Méndez

Refrendado
El Ministro de Finanzas
(L.S.)
Nelson José Merentes Díaz

Refrendado
El Ministro de la Defensa
(L.S.)
José Vicente Rangel

Refrendado
El Encargado del Ministerio de la Producción y el Comercio
(L.S.)
Omar Ovalles

Refrendado
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes
(L.S.)
Héctor Navarro Díaz

Refrendado
La Ministra de Salud y Desarrollo Social
(L.S.)
Maria Urbaneja Durant

Refrendado
El Ministro de Infraestructura
(L.S.)
Ismael Eliezer Hurtado Soucre

Refrendado
La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales
(L.S.)
Ana Elisa Osorio Granado

Refrendado
El Ministro de Planificación y Desarrollo
(L.S.)
Jorge Giordani

Refrendado
El Ministro de Ciencia y Tecnología
(L.S.)
Carlos Genatios Sequera

Refrendado
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia
(L.S.)
Diosdado Cabello Rondon