Durante
el último decenio América Latina y el Caribe han vivido un período de
dinamismo económico y disminución de la pobreza. Los países han asignado
mayores recursos presupuestales y ejecutado un mayor gasto público,
especialmente atendiendo a demandas con fuerte contenido social. A la
vez han impulsado inversiones en infraestructura y han incrementado
las transferencias de ingresos como factor contra-cíclico, atendiendo
a situaciones de disminución de la actividad económica o cuando el incremento
de los precios ha deprimido la demanda interna. No obstante, la región
presenta niveles de desigualdad aún muy altos y superiores a los de
otras regiones y en la mayoría de los países ha disminuido la participación
de las remuneraciones al trabajo en el PIB.
La región es un importante actor en la producción y el comercio de alimentos
a nivel global y en conjunto tiene suficiente disponibilidad para autoabastecerse
y proveer al mundo de ellos, así como recursos de agua y tierra para producir
aún más. Sin embargo, el flagelo del hambre y la desnutrición continúa
presente y alcanza todavía a cerca de 50 millones de personas en América
Latina y el Caribe, lo cual es una notable paradoja en una región que
exporta alimentos al resto del mundo.Esta situación se ha visto agravada,
a partir de 2007, por las sucesivas alzas y volatilidad en los precios
de los alimentos, que han afectado la seguridad alimentaria y nutricional
de la región, particularmente en los hogares más pobres y vulnerables,
y en los países importadores netos. En el año 2012 la sequía y las altas
temperaturas en regiones productoras de maíz y soya de Estados Unidos
han generado nuevas presiones sobre el comercio y los precios internacionales
de esos productos, que se trasladan en cascada sobre el precio de otros
alimentos. La inseguridad alimentaria en la región es completamente evitable,
ya que hay disponibilidad de alimentos, pero se requiere del compromiso
y articulación de todos los sectores involucrados, junto a mayores recursos
e inversiones para, entre otras cosas, aumentar la productividad de la
agricultura familiar, principal proveedor de alimentos en la región, y
diseñar y adoptar medidas de política específicas para asegurar el acceso
a los alimentos, principalmente en los sectores más vulnerables de la
población, enfrentando así las principales causas de la inseguridad alimentaria
antes mencionada.En el ámbito rural de los países se requiere de políticas
públicas que, por una parte, aseguren el acceso de la agricultura familiar
a los recursos productivos y mejoren su capacidad para participar en los
mercados, tanto de servicios e insumos como de productos. Y que, por otra,
promuevan empleos “decentes”, aseguren un acceso mayor y más amplio de
los sectores más vulnerables a los servicios sociales (educación, salud,
vivienda, etc.) y contribuyan a fortalecer las organizaciones de productores,
trabajadores y sociedad civil del medio rural. La capacidad de abastecimiento
de alimentos de América Latina se caracteriza por diferencias y complementariedades
entre los países de la región. Esto abre posibilidades para incrementar
el comercio agroalimentario intrarregional en función de la seguridad
alimentaria, a través de medidas que faciliten a los países de la región
la disponibilidad y el acceso a los alimentos y de mecanismos de comercio
y cooperación novedosos para que la agricultura familiar y los sectores
más vulnerables se beneficien efectivamente del aumento del comercio y
la integración regional.La nueva administración de la FAO, en concordancia
con el Consejo de la Organización y con su mandato de erradicar el hambre,
ha establecido entre sus prioridades impulsar el diálogo social entre
los principales actores a nivel de los países –legisladores, sociedad
civil y sector empresarial– y jugar un rol más activo en la promoción
de mecanismos de gobernanza de la seguridad alimentaria a nivel global
y regional. El acuerdo establecido en marzo de 2012 entre la Dirección
General de la FAO y la Secretaría General de la ALADI es un instrumento
que permite a ambas organizaciones, cada una desde sus mandatos y capacidades
específicas, aunar esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria y nutricional
y la integración de la región, en conformidad con el mandato recibido
de sus países miembros. El presente estudio forma parte de ese esfuerzo
y busca aportar elementos que sirvan de base para futuros análisis y eventuales
acuerdos entre los países de la ALADI sobre posibles acciones conjuntas.
Carlos Alvarez
Secretario General de la ALADI
Raúl Benítez
Subdirector General Adjunto de la FAO y
Representante Regional de la FAO
para América Latina y el Caribe
NOTA: Prólogo del libro sobre Seguridad alimentaria
y comercio intrarregional de alimentos en la ALADI |